La pesadilla que padece la familia Kokorev (Vladimir, su mujer Julia y su hijo Igor) cumple un año. Los tres permanecen en prisión provisional sin fianza, sin acceso a ninguna prueba y sin ningún cargo formalmente formulado contra ellos por la instructora del juzgado nº 5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano.

Fue el 7 de septiembre de 2015 cuando se detuvo a Igor. Regresaba de un viaje a Corea del Sur -donde se encontraba con su pareja sentimental- para darles a sus padres la feliz noticia de que estaban esperando un niño, y pretendía invitarles a la boda prevista para finales de noviembre.

La familia ya entonces interpretó (como el tiempo demostró) que los arrestos se desencadenaron por las declaraciones ante la justicia española de su ex abogado, Ismael Gerli. Vladimir Kokorev había terminado su relación con el despacho Gerli & Co a inicios de 2015, y desde esa fecha el letrado había remitido a sus ex clientes compulsivamente numerosos correos electrónicos, esencialmente, cargados de insidias, calumnias, injurias, amenazas y extorsiones.

No sólo eso: Gerli se jactaba de sus contactos políticos en Panamá, España y Estados Unidos, y amenazaba con hacerles la vida imposible y no dejarles en paz si no claudicaban pagando un “finiquito” de 300.000 dólares.

La orden de arresto, idéntica para toda la familia y firmada ahora hace un año, fue dictada con unos cargos vagos (blanqueo de capitales para la familia de Obiang, sin especificar cómo ni cuándo). La motivación se sustanciaba en que el juzgado tenía que tomar la declaración a todos los miembros de la familia, pero al no ser posible su localización y notificación, se ordenaba el arresto.

Sin embargo, tanto Igor como sus padres residían legalmente en Panamá desde 2012; estaban empadronados con sus domicilios panameños, en la Embajada de España; recibían, en sus domicilios, notificaciones oficiales (tales como el censo, el voto electoral, cartas de la Agencia Tributaria Española…); eran, en definitiva, perfectamente identificables y localizables para las autoridades españolas.

No sólo eso. Igor había solicitado un certificado de residencia en Panamá en el Consulado Español una semana antes de su detención a fin de tramitar su boda en Corea del Sur, y ese documento le fue remitido vía email. Tres meses antes del arresto incluso había recibido una notificación de la Agencia Tributaria de España en su domicilio de Panamá que no estaba relacionada con ningún procedimiento de inspección o investigación, sino con los servicios profesionales que prestó en su momento en el prestigioso despacho Pérez Llorca de Madrid.

El hecho es que Igor (también su madre) nunca entabló ninguna relación con los negocios navieros de su padre en África; nunca conoció a ningún miembro del gobierno ecuatoguineano ni del denominado ‘clan de Obiang’; nunca usó su firma en las empresas de su padre.

Los abogados de los Kokorev se han dirigido reiteradamente al juzgado de Las Palmas. Han acreditado documentalmente los contratos oficiales y las correspondientes facturas que validan los ingresos efectuados a la empresa Kalunga Company, objeto de las sospechas de funcionar como pantalla por el régimen de Obiang.  Asimismo, han solicitado periódicamente, y con acumulación de pruebas y razones, el fin de la prisión preventiva y el secreto de las actuaciones.

La defensa de esta familia de españoles de origen ruso entiende que esta medida excepcional, “más que proteger el proceso, afecta a la posibilidad de defenderse y combatir las medidas tomadas en igualdad de condiciones, tanto respecto a la imputación de delito fiscal como de blanqueo de capitales”.