En las sucesivas investiduras de presidentes de gobierno que han tenido lugar desde 1979 hasta el 20 de diciembre de 2015, los candidatos obtuvieron casi siempre la mayoría absoluta, conformada por su propio grupo parlamentario en exclusiva o por la suma de éste y otros grupos. Sólo se quedaron en la mayoría simple Calvo Sotelo -investidura provocada por la dimisión del presidente Suárez (1981), y  Zapatero en su segunda legislatura (2008)-.

Con estos antecedentes, en estos tiempos confusos puede ser legítima la nostalgia (cualquier tiempo pasado fue mejor), pero no tanto la crítica sistemática a unos líderes actuales que, según el parecer mayoritario, carecerían de la capacidad de dialogo de los de antaño.

Permítanme discrepar. El PP ha pactado con Coalición Canaria y con Ciudadanos. Cuestión distinta es que Rajoy, pese a sumar 170 votos favorables, ni siquiera haya obtenido mayoría simple. Ciudadanos, por cierto, también apoyó sin éxito al candidato Sánchez. El PP sigue empeñado en pactar con el PSOE, y éste mantiene la tentación de liderar una coalición de “gobierno del cambio”. Podemos –que ha moderado sus iniciales impulsos rupturistas, tal vez consciente de que el anarco-comunismo no puede calar en un país de propietarios- tampoco disimula sus deseos de pactar con el PSOE y con quien sea necesario para desplazar a Rajoy del poder.

¿Por qué, entonces, la dificultad en recabar las mayorías necesarias para investir presidente? La respuesta es clara, si nos sacudimos nuestros prejuicios y nos ceñimos a los datos objetivos. En las últimas elecciones, de los 350 escaños del Congreso, 24 han ido a parar a partidos –con los matices que se quiera- secesionistas (8 la antigua Convergencia, 9 ERC, 5 el PNV y 2 Bildu). Número no muy diferente al que en anteriores elecciones sumaron las fuerzas políticas nacionalistas, que entonces no eran tan resueltamente independentistas y que, de hecho, muchas veces votaron a favor del candidato o, al menos, se abstuvieron.

La persistencia en el “No” de estos grupos parlamentarios –en la medida en que, dentro de su actual lógica política, cualquier gobierno español que tenga la osadía de oponerse a la fragmentación del estado resulta rechazable de plano-, sin barajar siquiera la posibilidad de la abstención, constituye un tapón que hace muy difícil no sólo la mayoría absoluta (176 escaños) sino también la mayoría simple.

Es evidente que existen dos soluciones que no exigen el concurso de los otrora nacionalistas, hoy independentistas:

1. La alentada por el PP, consistente en la coalición “a la alemana” con el PSOE.
2. La promovida por Sánchez (Podemos+PSOE+Ciudadanos).

En cuanto a la primera, PP y PSOE han sido rivales históricos y, además, no parece que los militantes y los votantes del PSOE estén a favor de este pacto. En cuanto a la segunda, el origen y la esencia de Ciudadanos chocan frontalmente con la defensa por los podemitas de los referendos de autodeterminación (criticable si se quiere, pero coherente con la visión crítica que Podemos sostiene sobre la estructura del estado pergeñada en la Constitución de 1978). Con ello quiero destacar que no es que Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias no quieran alcanzar determinados pactos, es que en cierto modo no pueden hacerlo.

Siendo improbables las mayorías absolutas de PP y PSOE pro futuro (téngase en cuenta que, en las últimas elecciones, 65 de los 350 escaños a ocupar correspondían al País Vasco y a Cataluña, territorios donde ambos partidos son ya muy minoritarios), partiendo de la base de la inoportunidad de cualquier pacto con los dos grupos parlamentarios catalanes por razones obvias y al margen de reformas electorales que tropiezan con la circunscripción provincial consagrada en la Constitución, a un servidor sólo se le ocurre la fórmula de recuperar para la causa de la gobernabilidad de España al nacionalismo clásico del PNV. No es, claro, una solución a la desafección de los nacionalistas, pero sí puede ser un parche efectivo en el futuro inmediato.

Y es que algunos mirarán el lunes los resultados de las elecciones autonómicas vascas con un ojo puesto en la actual composición del Congreso, y quién sabe si la pérdida, por el PNV, de un diputado en las elecciones del 26-J (de 6 a 5) pudiera ser más lamentada en Génova que en Sabin Extea.

Jose María Castro

Abogado y profesor Derecho Político