El que se ha convertido desde hace algo más de un año en testigo principal del ‘caso Kokorev’, el abogado panameño Ismael Gerli, extorsionó y amenazó a sus ya ex-clientes (la familia española de origen ruso) desde inicios de 2015 con el fin de obtener un lucro ilícito.

El letrado (contra el que se han presentado más de una decena de querellas en su país de origen por delitos contra la fe pública, estafa agravada, falsificación de documentos y fraude) prestó declaración y colaboró con la justicia española desencadenando la detención de Vladimir Kokorev, su mujer Julia y su hijo Igor.

Gerli llevó a cabo esta acción con la finalidad, según se ha denunciado ante el juzgado nº5 de Las Palmas, de apropiarse de forma absolutamente ilícita de los bienes de los que habían sido sus clientes, y con quienes había mantenido una relación de estrecha confianza durante una década.

Su carrera de amenazas y conductas extorsionadoras comenzó en enero de 2015. En esa fecha es cesado en la prestación de sus servicios a raíz de la constatación de que está inflando sus facturas, y no está liquidando los impuestos en Panamá de los Kokorev (para los que hace labores de asesor fiscal), quedándose él mismo con los fondos que se entregan para pagar dichos impuestos.

Con el fin de conseguir un lucro ilícito (lo que Gerli llama “una suma realista y ponderada”), condiciona su presencia en el juzgado de la magistrada Ana Isabel de Vega (y el sentido de su intervención), a la liquidación de determinados conceptos que él dice adeudados. Así, a través de correos electrónicos a Vladimir Kokorev le anuncia, literalmente, que morirá en la cárcel.

A partir de junio de 2015 sus reclamaciones se vuelven más agresivas, afirmando que pasará al ataque. Y van dirigidas no sólo contra sus ex clientes sino contra personas que ejercen de interlocutoras de éstos. Les acusa de pertenecer a la “mafia rusa” e insiste en que o se le paga lo que él considera o acudirá a cooperar, entre otras, con las autoridades españolas.

En los mails aparecen expresiones homófobas entre un conjunto de injurias y calumnias. Al no ser resarcido por lo que este abogado (que podría enfrentarse en Panamá a más de diez años de cárcel) considera “daños y perjuicios”, se dirige incluso a medios de comunicación españoles con el ánimo de trasladarles información sobre el ‘caso Kokorev’. En medio de esta secuencia de amenazas y extorsiones, asegura que lo que él considera una indemnización es “negociable” y le pide a Vladimir Kokorev “un entendimiento razonable para todos”.

La defensa de la familia española se ha dirigido a la juez Ana Isabel de Vega para denunciar que, en el momento en que acordó recibir declaración en calidad de testigo de Ismael Gerli para que transmitiera al Juzgado hechos necesariamente conocidos en su condición de abogado, Gerli se encontraba sujeto al deber de secreto profesional. Por tanto, que el testimonio obtenido tanto por la magistrada como por el fiscal Luis del Río Montesdeoca vulnera el secreto profesional, “lo que puede situar su testimonio en la estela de una prueba obtenida por medio de un delito que se habría cometido en España ante las autoridades judiciales españolas”.

Desde el entorno de los Kokorev se denuncia que atribuir el papel de “colaborador” o “testigo protegido” a un abogado con relación a las informaciones sobre su cliente supondría que “las instituciones encargadas de velar por los derechos fundamentales serían los instrumentos para vulnerarlos”.