El estado de salud del empresario Vladimir Kokorev (65 años) está alcanzando el límite, según ha conocido ‘Madrid Code’ en fuentes cercanas a la familia y en su propia defensa. A dolores torácicos y abdominales continuos se suman nauseas, alteraciones cardiovasculares varias, un estado general de debilidad, falta de aire ocasional e hipertensión arterial, un cuadro que según se alerta en el entorno de la familia y, dados los antecedentes clínicos, podría desembocar en infarto de miocardio.

A pesar de las evidencias que obran en poder del Juzgado, la magistrada Ana Isabel De Vega ha decidido prorrogar una vez más la prisión provisional sin fianza para Vladimir, su mujer Julia y su hijo Igor, presuntamente por ejercer de testaferros en España del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Y ello a pesar de que se siguen sin presentar pruebas para mantener el cautiverio de la familia española de origen ruso (ya de más de un año de duración), amparándose en el “secreto de las investigaciones”.

Dado el descontento del preso con el servicio médico del centro penitenciario Tafira Alta de Las Palmas, sus abogados habían obtenido todas las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo una visita a la consulta de un cardiólogo externo (bajo escolta policial), que finalmente se ha cancelado para reconducirse por extrañas derivadas.

Con la justificación de la dirección de prisión de que había “razones de seguridad” que la hacían imposible, y sin previo aviso, Vladimir fue trasladado hace unos días al Hospital Insular para llevar a cabo la ergometría. En esencia, la conocida como “prueba de esfuerzo” consiste en la realización de ejercicio físico en tapiz rodante para pronosticar el desarrollo de enfermedades coronarias que, en el caso del empresario hispano-ruso, arrastraba de años atrás.

En primera persona, y en un manuscrito al que ha accedido este diario digital, Vladimir Kokorev denuncia que para el traslado fue encerrado durante dos horas en “un cajón de hierro sin ventanas ni ventilación, en un furgón policial”. El empresario asegura que, una vez en el hospital y sobre la cinta, apenas a los tres minutos se interrumpió el ejercicio “sin concluirlo”. No sólo eso, añade que el mismo se realizó cuando se encontraba bajo el efecto de la nitroglicerina y dos cápsulas antiinflamatorias y analgésicas que había tomado antes de que, de súbito, le sacaran de prisión desconociendo el motivo o el destino.

La defensa del supuesto testaferro de Obiang en España sigue sin tener acceso a su historial clínico y, por consiguiente, sin poder acreditar lo que considera evidente: el serio deterioro de la salud de su cliente desde que fue ingresado preventivamente en la cárcel, desconociendo aún hoy los cargos que pesan en su contra.

Vladimir Kokorev está disponiendo de una atención médica limitada e inadecuada, con falta de acceso a los tratamientos y la atención que necesita, dados los daños en su estado de salud: las condiciones son mucho más graves que en el momento de su arresto.

Desde el entorno de la familia se denuncia que la torcida aplicación práctica que la jueza Ana Isabel de Vega está realizando de la prisión preventiva (la medida más gravosa de cuantas contempla nuestro ordenamiento jurídico) está redundando en el quebranto de los principios de proporcionalidad, necesidad y motivación, que son los que objetivamente la justifican para conseguir los fines constitucionales que la legitiman.

La situación de indefensión de la familia (especialmente en el caso de Vladimir) está causando destrozos y produciendo perniciosos efectos imposibles de reparar, según se denuncian las mismas fuentes, que concluyen: el empresario es consciente de que “está luchando para mantener la vida” dentro de la cárcel canaria del Salto del Negro.