Era cuestión de tiempo. El escándalo de Ismael Gerli, el abogado panameño investigado por graves delitos en su país y que ha llevado a prisión sin juicio a la familia española de Vladimir Kokorev, su mujer Julia y su hijo Igor, ha saltado a la prensa internacional.

El considerado por la juez de Las Palmas, Ana Isabel de Vega, ‘testigo estrella’ en la investigación a los supuestos testaferros de Teodoro Obiang en España, imputado ya por falsificación de documentos en Panamá (con el ánimo de falsificar propiedades) llama la atención de ‘EU Reporter’. El digital de Bruselas se pregunta cómo es posible que permanezca en libertad un individuo que ha falsificado escrituras para apropiarse ilegalmente de apartamentos (tal y como acaba de confirmar la Fiscalía panameña en un minucioso informe), y sus víctimas sigan casi un año y medio después en prisión preventiva.

Igualmente la prensa belga pone el acento en el hecho de que pasen los años y no haya cargos oficiales basados en evidencias contra los Kokorev, bajo el argumento sistemático de que la investigación “sigue secreta”. No sólo eso, en relación a la actuación de la juez de Vega Serrano, ‘EU Reporter’ recuerda que Vladimir Kokorev ha ganado en los tribunales todos aquellos casos en los que se ha puesto en duda su honor, su fama, su imagen y reputación por quienes le han asociado sin pruebas a operaciones de blanqueo de capitales.

En tanto se resuelve el recurso de amparo presentado por los abogados de la familia ante el Tribunal Constitucional, (por vulneración sistemática y prolongada en el tiempo de derechos fundamentales), uno de los letrados que ha intervenido en el proceso, Leonardo Paul Aparicio, recuerda ahora que ya recomendó a sus clientes no consentir la extradición a España desde su domicilio en Panamá, ya que “las órdenes de arresto eran absolutamente vagas y contenían cargos genéricos que en absoluto se soportaban por evidencia alguna”.

El escándalo sobre el rol que la justicia canaria le está otorgando a un individuo perseguido por la justicia en su país, como el abogado Ismael Gerli, llega en un momento en el que se están poniendo en almoneda las garantías a los ciudadanos de origen extranjero sometidos a juicio en los tribunales de las Islas.

Especialmente deplorable ha sido la historia que hemos conocido en relación al denominado “Albagate”, en relación al amplio extracto de una grabación entregada por el juez Salvador Alba al comparecer ante el magistrado Rafael Passaro. La grabación comienza cuando los magistrados Emilio Moya, José Luis Goizueta, Carlos Vielba y Salvador Alba se encuentran deliberando sobre la emisión de un auto en la oficina judicial, y continúa en el office de la Sección Sexta de la Audiencia mientras toman café en un tono más coloquial. En la conversación se entremezclan chascarrillos con alusiones a causas judiciales en curso.

En el intercambio de pareceres, por parte de algunos magistrados se retrata a los rusos que salen de su país como indiscutiblemente “mafiosos”; otro tanto se dice de los albanokosovares, o de los italianos del sur. Tampoco corren mejor suerte los rumanos, a los que se sitúa con total desparpajo en la conversación fuera de la ley, o las rumanas, a las que se presenta directamente como unas putas (sic).

Los cualificados magistrados (Moya, Goizueta, Vielba y Alba) manifiestan más que opiniones altamente comprometedoras sobre procesos judiciales en curso de alta trascendencia y, por tanto, pendientes de llegar a juicio. Y, en el caso de algunos, exhiben con desparpajo desbordante racismo y xenofobia.

También estos días, la administración de Justicia en las Islas Canarias ha quedado resentida por otro escándalo. La que en su momento fue una de las operaciones por blanqueo de capitales más mediáticas hechas nunca en Tenerife ha quedado no sólo en agua de borrajas, sino en una vulneración de los derechos de los entonces detenidos.

Numerosos efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción detuvieron en octubre de 2011 a 13 personas, la mayoría italianos, porque presuntamente estaban implicados en el blanqueo de capitales de ingresos de la Camorra napolitana. En mayo de este año, tras 8 meses de juicio, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional absolvió a todos ellos de esa acusación y de asociación ilícita por falta de pruebas sólidas, y determinó que la causa se basó en “meras referencias policiales” sin sustento probatorio. Hoy estos ciudadanos inocentes denuncian no sólo que se les ha destrozado la vida sino que no se les han devuelto sus bienes.

Esta cadena de escándalos encaja en el cuadro que ha esbozado recientemente el Consejo de Europa, en el que ha alertado de la corrupción judicial en países como España; y va en consonancia, asimismo, con los datos que arroja el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency Internacional que sitúa a nuestro país (con Libia, Brasil o Turquía) en el grupo de los que peor progresión hacen en la lucha contra la corrupción de los tribunales, por debajo, entre otros, de Uruguay, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bután, Portugal o Botswana.

El propio Consejo de Europa ha señalado expresamente que este tipo de corrupción “impide gravemente la protección de los derechos humanos, en particular la independencia e imparcialidad judicial, al tiempo que debilita la confianza pública en el proceso judicial y en los principios de legalidad y seguridad jurídica”.