El Gobierno autonómico destinará el próximo año 10 millones de euros a la compra de vivienda en el mercado libre para incorporarlas a la Agencia Social de Vivienda -nuevo Ivima-. «Esperamos comprar las propiedades a la Sareb o a entidades financieras que tienen un ‘stock’ importante», precisa el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán.

Según sus cálculos, la Administración autonómica tarda unos seis años en entregar un piso protegido a un demandante: redacción del proyecto, publicación del consurso, adjudicación, ejecución… El hundimiento del mercado inmobiliario ha hecho que, prácticamente, se equipare el precio de construcción de una vivienda protegida a través de la Administración y la que desarrolla un promotor privado.

«Queremos adquirir unas 60 o 70, depende del precio final. La idea es aprovechar las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos para facilitar el acceso a la vivienda a las personas que lo necesiten de la forma más rápida posible», precisa.

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid se van a prorrogar, ya que la conformación del Gobierno central se ha retrasado y ya no da tiempo a que fijen los objetivos de gasto y déficit para el próximo año con el tiempo suficiente como para aprobar un proyecto de presupuestos sujeto a los índices oficiales.

«Nuestra idea es que las cuentas regionales para 2017 sean aprobadas a lo largo del primer trimestre del año, publicaríamos la convocatoria lo antes posible para poder entregar los pisos a comienzos del próximo verano», asegura Rollán.

@entrammbasaguas