Podemos estar de acuerdo en que la acumulación de poder es negativa, y en que la existencia de diversas instancias territoriales de poder resulta ventajosa para la gobernación de cualquier país. Podemos también convenir en que, con la evolución del Estado de las Autonomías consagrado en la Carta Magna de 1978, todas las Comunidades Autónomas –y no sólo las forales o las históricas- pueden hacer política, esto es, no han de limitarse a la mera gestión administrativa de los asuntos públicos. Ahora bien, ¿hasta qué punto es legítimo que hagan política en relación con una materia tan sensible como es la tributaria, política que se traduce en “meter la mano” en el bolsillo del ciudadano?    

Pongamos como ejemplo el ámbito de los impuestos sobre la riqueza (es decir, patrimonio y sucesiones y donaciones), impuestos con una gran tradición en España y que, de hecho, se hallan regulados en leyes estatales. Sin embargo, están cedidos a las Comunidades Autónomas y, por tanto, son gestionados por éstas. Con demasiada frecuencia los contribuyentes asisten inermes a la invocación de postulados ideológicos que justifican la imposición de elevadas cuotas tributarias (sobre todo, en comunidades gobernadas por la izquierda) o, por el contrario, tratan de defender el vaciamiento de dichos impuestos (sobre todo, en comunidades abanderadas del liberalismo económico). ¿Resultado? Demasiadas veces, situaciones de desigualdad entre ciudadanos por razones de residencia, difícilmente explicables.

El origen de esta desigualdad radica en la casi ausencia de límites en las competencias normativas de las comunidades autónomas, lo cual, a juicio de quien suscribe, debería ser revisado en la  reforma sobre la financiación autonómica que el nuevo gobierno de Rajoy se propone impulsar en fechas venideras. Ni una Comunidad “pobre” puede pretender esquilmar a sus ciudadanos so pretexto de obtener los fondos necesarios para su financiación (argumento fútil, pues el sistema no carece, precisamente, de instrumentos para subvenir a tal necesidad: Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, fondos de convergencia, etc.) ni nos parece legítima la política de esas Comunidades Autónomas que realizan continuas rebajas fiscales para conseguir que personas acaudaladas y empresas prósperas establezcan allí el centro de sus operaciones.

Es evidente que estas rebajas fiscales generan actividad económica y, a la postre, una mayor recaudación, pero lo hacen siempre en detrimento de las demás comunidades autónomas. Conviene recordar que estas rebajas fueron en su día utilizadas -entre otros procedimientos- por el gobierno vasco presidido por Ardanza para favorecer la instalación de empresas (en este caso, mediante exenciones en el impuesto de sociedades). El asunto fue llevado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró dichas medidas incompatibles con el mercado común –perjudicaban, obviamente, a las demás comunidades, sobre todo a las limítrofes con el País Vasco-, imponiendo además una multa al Reino de España.

Hago estas modestas reflexiones tras escuchar la reciente boutade de la señora Cifuentes, que no hace falta reproducir. Ya se ha explicado por voces más autorizadas que la mía que la sanidad y la educación de los andaluces no la paga ningún territorio (argumento  interesado y falaz empleado desde siempre por los nacionalistas catalanes), sino que la pagan todos los ciudadanos españoles (y si se quiere, las sociedades que declaran beneficios). Dentro de este conjunto, contribuyen más los que más tienen (siempre que no eludan sus obligaciones con Hacienda, claro), ya sean gallegos, canarios, andaluces, catalanes o madrileños, y son las comunidades que obtienen más recaudación -gracias a esas personas físicas o jurídicas que pueden contribuir más al Erario- las que nutren los fondos que antes mencionábamos.

Así las cosas, señora Cifuentes, sería todo un detalle por su parte refrenar esa incesante creatividad a la hora de atraer empresas (ayer, el casino de un judío millonario; hoy, las empresas inglesas que, tras el Brexit, quieren marcharse de la isla) en tanto generan competencia desleal entre territorios y privilegios para unos pocos. Seguro que ganaría muchos enteros como estadista si, en vez de levantar disputas territoriales, contribuyese a impulsar, en los foros adecuados, la armonización tributaria de todas las Comunidades Autónomas (sin excepción) y acatase -con discreción, sin aspavientos-, el mandato de solidaridad entre todas las regiones de España que luce en el frontispicio de nuestra Constitución.

José María Castro Pascual

Letrado de la Junta de Andalucía