El escándalo que está produciendo la prórroga sistemática y mecánica del secreto de la investigación y de la prisión preventiva contra la familia Kokorev ha saltado a la prensa europea, ha aterrizado en la canaria, y se hace presente en medios nacionales especializados en información jurídica.

Es el caso de ‘Confilegal’. El digital, de absoluta referencia en el mundo judicial nacional, pone el dedo en la llaga al ponderar el caso de los tres españoles de origen ruso acusados de ejercer de presuntos testaferros del dictador guineano Teodoro Obiang, en España, que van a cumplir 16 meses en prisión preventiva, “y eso pese a carecer de antecedentes penales, y desconociendo gran parte de los hechos que les imputan, al prorrogarse catorce veces el secreto de sumario que pesa sobre la causa”.

La publicación subraya que la defensa ha presentado varios recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando, reiteradamente, la suspensión de la prisión provisional sin fianza o que les aporten los elementos esenciales para ejercer la propia defensa con garantías.

En estos recursos, como recoge ‘Confilegal’, “se argumenta que la transposición de la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, obligan a los Estados a entregar a los imputados e investigados en un causa secreta suficiente información para poder impugnar la prisión provisional (…) esas Directivas son de obligado cumplimiento en nuestro país desde el 1 de enero cuando entró en vigor la  Ley 5/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Se cita, en este sentido, cómo la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, aplicó las citadas Directivas en el caso de la “Operación Sombra”, del banco chino ICBC. Un caso sobre el que la magistrada de instrucción había impuesto el secreto del sumario y que la Audiencia corrigió, poniendo a los dos detenidos en libertad. Estableciendo, en definitiva, que “el abogado del investigado tiene que tener acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del detenido (…) el detenido tiene que saber por qué está en prisión y se debe entregar al abogado la parte del expediente, con la información necesaria que le permita construir una defensa para conseguir su libertad (…) algo que no ocurre en la causa contra los Kokorev”.

En efecto, la defensa de la familia hispano rusa, hasta la fecha, desconoce la imputación real de sus defendidos. Ni siquiera tiene acceso a cierta documentación básica de la causa.

Por otra parte, ‘Confilegal’ pone de relieve el papel de Ismael Gerli, el abogado panameño que trabajó durante años para el matrimonio formado por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, y que se ha convertido en la principal prueba de cargo (…) “Gerli está imputado por la Fiscalía de su país por falsedad documental y se le investiga por haber adquirido fraudulentamente muchas de las propiedades de los Kokorev: un individuo perseguido por sus graves delitos y en su propio país”.

Dada la situación a la que la juez Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río han llevado el caso (con el acompañamiento de la Audiencia Provincial de las Palmas) podría darse la situación de que la prisión preventiva superase la condena final, “convirtiéndose así en una pena anticipada, algo que ha sido condenado repetidamente por las más altas instancias judiciales”.