“Cabe llegar a la conclusión de que no existen pruebas, y el encarcelamiento obedece a intereses privados”. Es el tenor de la carta que han dirigido los eurodiputados Jean-Luc Schaffhauser (Francia) y Georgios Epitideios (Grecia) al Consejo General del Poder Judicial demandando explicaciones por los arrestos y la persecución judicial seguida contra los ciudadanos españoles de origen ruso Vladimir Kokorev, su esposa Julia Kokoreva y su hijo Igor.

El rocambolesco proceso que sigue en Las Palmas la magistrada Ana Isabel de Vega Serrano contra esta familia acusada supuestamente de blanquear dinero de Teodoro Obiang ha llegado al lugar esperado: el CGPJ. Era cuestión de tiempo.

Al lugar esperado porque la investigación se prolonga durante una década. Al lugar esperado porque la investigación ha permanecido un lustro secreta. Al lugar esperado porque es el más alto (el gobierno de los jueces) en el que lo han situado desde la Eurocámara, siempre sensible a la vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos… europeos.

Vladimir ha sobrevivido a un infarto, ha padecido una isquemia, una apoplejía, fuertes trastornos de próstata, sufre a diario tensión alta, temblores permanentes y una severa presbicia. No sorprende así que desde el corazón de Europa se denuncie un cautiverio, desde el estricto ángulo humanitario, “de una crueldad inexplicable y podría tener consecuencias irremediables”.

Julia parece estar considerada por la instructora como una ‘mujer florero’ pero que, en este caso, sí merece una pena anticipada y privativa de su libertad: sin proceso, sin juicio ni sentencia, sin cargos. Al contrario que la Infanta Cristina o que otras esposas de políticos y empresarios que gozan y gozaron de libertad a pesar de que estas últimas (a diferencia de la esposa de Vladimir), sí firmaron documentos, sí dispusieron de dinero, sí participaron en operaciones mercantiles y a título nominal en porcentajes altos en las propias sociedades de sus maridos, siendo partícipes a título lucrativo de sus probados delitos. Los interrogantes inducidos que se lanzan desde Estrasburgo y colocan la pelota en el tejado del CGPJ son meridianamente claros. ¿No se está vulnerando el principio de legalidad, de seguridad jurídica, de derecho a la propia libertad?

Igor, el hijo de Vladimir y Julia, ha tenido que escuchar cómo la Audiencia Provincial de Las Palmas ha establecido en un reciente auto que no es necesario “que existan indicios racionales de criminalidad contra la persona afectada” por medidas cautelares en una investigación para mantener a ésta en prisión preventiva.

Hay procesos judiciales llenos de recovecos, de claroscuros, de dobleces. Otros tienden a presentarse en cambio como ejemplo de lo que una democracia y un Estado de derecho jamás, bajo ningún concepto, debe practicar respecto de cualquier justiciable; esto es, respecto de cualquier ciudadano que, sometido a los órganos judiciales, debe conservar intacta su capacidad efectiva para recurrir a ellos en la defensa de sus derechos.

Es ahora el Consejo General del Poder Judicial (órgano constitucional, colegiado, autónomo e integrado por jueces y otros juristas) el que deberá pronunciarse sobre la inquietante deriva del ‘caso Kokorev’. Es ahora, una vez más, cuando desde las mismísimas instituciones europeas la aplicación de la Justicia en las Islas Canarias se pone en la picota para dejar en evidencia algo más que sus defectos. 

Se preguntaba ayer en El Mundo el escritor Fernando Sánchez Dragó: “¿de qué sirve la tan cacareada presunción de inocencia en un país cuyos tribunales tardan más de un lustro en dictar sentencia y donde hay millones de inquisidorcillos que aplican la Ley de Lynch a los incriminados sin aguardar a que la Justicia se pronuncie?”. Lo hacía en relación al ‘caso Urdangarín/Infanta’.

Aquí -peor aún- tras una investigación de casi una década, no se espera sentencia… porque no hay juicio; no se espera juicio… porque no hay auto de procesamiento. Se espera, eso sí, que los diferentes autos de prisión preventiva hasta ahora publicados cesen en la producción de estragos sobre la vida y la dignidad de los justiciables.