“La salud de Vladimir Kokorev está bastante deteriorada: problemas graves urológicos, isquemia, complicaciones cardiacas…”. José Antonio Penichet, abogado del Consulado de la Federación Rusa en Canarias ha pasado por TVE, concretamente por el programa ‘Cerca de ti’ para pronunciarse sobre uno de los vectores del ‘caso Kokorev’.

Dos semanas después de haberse pedido un impulso procesal, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sigue sin responder a la queja elevada por el Cónsul Honorario, Gonzalo Parada, reclamando la identificación del magistrado que ya hace meses se pronunció de manera xenófoba en dependencias de la Audiencia Provincial de las Palmas, una queja que ha sido elevada además al Consejo General del Poder Judicial.

En aquellas tristemente célebres ‘deliberaciones nada secretas’ el magistrado -sobre cuya identidad el que el órgano de gobierno de los jueces guarda hasta hoy secreto- calificaba a los rusos de “mafiosos”, sin distingos, especialmente en el caso de “los jóvenes” y que vivían fuera de Rusia.

José Antonio Penichet ha dudado de la imparcialidad para aplicar la ley y hacer justicia de quien en estos términos se pronuncia. Y ha concretado: “Igor Kokorev (el hijo de Vladimir, acusado de ser testaferro de Teodoro Obiang) es ruso, es joven (no alcanza los cuarenta años), tiene dinero y está en España (…) ¿es a ojos de este señor un mafioso?”.

El letrado del consulado ha denunciado que actuaciones de esta índole, si quedan impunes, “van contra la imparcialidad de la administración de justicia (…) dan vergüenza ajena”. Y ha añadido que “si en lugar de la familia de Vladimir Kokorev la investigada fuera la familia de, pongamos, Pedro Santana, el tratamiento sería distinto”.

El representante de la legación diplomática rusa en Canarias ha ponderado el hecho de que las Canarias (por ejemplo la zona de Costa Adeje) cuentan con una población rusa cada vez mayor: ciudadanos que llegan a España para hacer turismo durante largas temporadas, para implantar sus empresas… en este sentido ha lamentado que manifestaciones de meridiana xenofobia y contra los derechos humanos como las del magistrado -cuya identidad se espera que se revele los próximos días- “no ayuda a la seguridad jurídica de los emprendedores que vienen de otros países a hacer su vida aquí”.

Los abogados de la familia Kokorev han reclamado recientemente “dada la evolución de la instrucción y los delitos bajo investigación, que ésta debe derivarse al órgano competente: el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que por turno corresponda”, por ser ésta un órgano de carácter central que dispone de una “estructura judicial adecuada para el conocimiento de hechos delictivos cometidos por un español en el extranjero, para cuya tutela resultaría inadecuada la actuación de un juez de instrucción territorialmente alejado del interés nacional”; en referencia, en este caso, a las competencias hasta ahora asumidas por Ana Isabel de Vega Serrano, del Instrucción nº5 de Las Palmas.

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