El Ayuntamiento gobernado por el equipo de Manuela Carmena continúa sin pronunciarse con respecto a la amenaza de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana – comúnmente conocido como la plusvalía municipal- que afecta por completo a la ciudad de Madrid.

Se trata de un recaudo público declarado de ilegal por el Tribunal Constitucional en ciudades como Guipúzcoa y Álava, en los supuestos en los que se ha transmitido “en pérdidas”, y que amenaza con serlo en todos los municipios de España.

El Pleno del Tribunal lo declaró inconstitucional mediante las sentencias de 16-2-2017 (Guipúzcoa) y 1-3-2017 (Álava) por tanto, de nula la regulación «en la medida en que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo que los sujetos pasivos puedan acreditar esta circunstancia», según indica el abogado José María Salcedo, socio de Ático Jurídico, consultado en primera persona por CODE.

Pero esto no es todo. La conclusión a la que el ciudadano ha de llegar es que sólo si no se ha incrementado el valor del terreno en el que se sitúa ese inmueble estaría en su derecho de reclamar la devolución íntegra de la ingente cantidad de dinero que suele ser la que en un primer momento le obligan a pagar tras haber heredado un piso.

Ahora la polémica gira en torno a la impunidad y doble moral con que el Consistorio que regenta la marca blanca de Podemos, Ahora Madrid, lleva a cabo el cobro de este impuesto tildado de injusto desde altas instancias políticas y judiciales.

Desde que en el año 2006 Esperanza Aguirre como Presidenta de la Comunidad de Madrid decidiera reducir el impuesto de Donaciones y Sucesiones al 1%, los madrileños han podido ahorrarse importantes sumas de dinero que, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas como en Andalucía, ahora y pese a este pronunciamiento del Órgano Judicial español, Carmena y su equipo no reconsidera ni argumenta a los madrileños.

Pongamos un ejemplo: Juan adquiere una vivienda en 2005 en Madrid cuyo valor catastral ahora en el año 2017 es de 159.000 euros. Juan decide donarle a su hijo Paco el inmueble y éste -además del 1% del Impuesto de Donaciones y Sucesiones; véase, poco más de 1.500 euros sin contar que con las bonificaciones podría reducirse a un total de 300 euros- tiene que pagar 7.000 euros de plusvalía municipal al Ayuntamiento de Madrid.

¿No resulta paradójico que lo que el ciudadano se ahorra pagándole a la Comunidad en forma de ese 1% lo tenga que gastar en embolsar a Carmena 7.000 euros que cada individuo pierde y paga injustamente? 

Alejandro Entrambasaguas 

@entrammbasaguas