“Fuera de Rusia y jovencitos, MAFIOSOS. Y todos los italianos del sur, MAFIOSOS. Y todas las rumanas, PUTAS”. Podrían ser manifestaciones imputadas apócrifamente a un juez del gusto de la saga Torrente, el facineroso personaje creado por Santiago Segura. O, menos pegadas a la ficción, imputables a un profesional de la judicatura del gusto del chisposo Jesús Gil y Gil en los tiempos en los que pocos osaban toserle al frente de la ciudad de Marbella y del Club Atlético de Madrid.

Pero no, tales denigrantes exabruptos forman parte de la realidad de nuestros tribunales y han sido propalados por un señor aún hoy destinado en la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata del magistrado Carlos Vielba, al que varias fuentes han identificado como autor de estas gravísimas manifestaciones sin ningún género de dudas (según ha avanzado ‘Confilegal’), en unos comentarios que tuvieron lugar precisamente en el office de la AP de Las Palmas el 23 de septiembre de 2016 en presencia de sus tres compañeros: Emilio Moya (presidente), José Luis Goizueta y Salvador Alba, autor de la grabación.

El Consulado Honorario de la Federación Rusa en Canarias presentó una queja hace tres meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que éste despejó (alegando sorprendentemente falta de competencias) y envió a Madrid al Consejo General del Poder Judicial, que es ahora quien debe depurar responsabilidades en relación al autor de tan deplorables dardos de xenofobia contra ciudadanos de origen extranjero, tengan éstos o no adquirida la nacionalidad española y vengan a hacer turismo a nuestro país o vivan en España durante décadas.

El señor Carlos Vielba (a espera de la identificación oficial por parte del propio CGPJ) ha sido nada menos que ponente del tribunal que ha negado hasta en tres ocasiones la libertad provisional al empresario de 65 años, Vladimir Kokorev, a su esposa, también de 65 años, Julia Kokoreva, y a su hijo Igor, de 35 años, quienes llevan más de 20 meses en prisión preventiva. Y unas manifestaciones tan detestables desde el punto de vista ético, democrático, profesional y hasta humano ponen de forma diáfana en la picota su preceptiva imparcialidad, inherente a la aplicación de justicia, al menos en Estados democráticos de Derecho como España y no en repúblicas bananeras o cleptocracias africanas.

Las palabras preñadas de xenofobia y en un tono absolutamente jocoso y despectivo (el audio de una calidad aceptable ha trascendido) vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, contemplado en el artículo 24.1 de la Constitución Española. No nos hallamos ante chascarrillos informales sobre temas personales. Se trata de unas expresiones trenzadas y vomitadas en unos términos que trascienden la vida privada o íntima y que contienen relevancia disciplinaria. Por un hecho central: el señor Vielba se ha pronunciado en el pasado disponiendo de la libertad y de los bienes de justiciables de esas nacionalidades a las que desprecia, discrimina y agrede verbalmente en dependencias judiciales y ante los (¿escasos reparos? ¿nulos reparos?) de sus colegas.

En fechas recientes, el CGPJ se ha apoyado en el Consejo de Europa para organizar un seminario internacional sobre la lucha contra la xenofobia, incrustando la iniciativa en el Programa Europeo de Formación de Derechos Humanos y con una participación cualificada de jueces, fiscales y abogados para provocar la concienciación total del mundo jurídico.

En fechas recientes, el CGPJ se ha incorporado a la Comisión de Seguimiento del Convenio Interinstitucional contra la xenofobia, precisamente (en colaboración con la Fiscalía General del Estado o el Ministerio de Justicia) con el objetivo principal de “mejorar la respuesta institucional frente a las actitudes xenófobas, racistas o intolerantes”. No sólo eso, en la práctica, el CGPJ se ha concentrado y especializado en el seguimiento de las infracciones que se puedan producir en dependencias y órganos judiciales con motivación discriminatoria.

Con estos precedentes, es inevitable (aunque penoso) que un magistrado no tenga reprimenda o amonestación de sus compañeros por manifestarse abiertamente en términos xenófobos y racistas. Pero es igualmente inevitable (más aún, deseable) que el máximo órgano de gobierno de los jueces aplique con urgencia el correctivo disciplinario procedente en virtud del incumplimiento de las responsabilidades profesionales de un señor como Carlos Vielba, que tocan no sólo a su ejercicio profesional sino, en paralelo, a sus relaciones con los ciudadanos y los profesionales de la Administración de Justicia.

No hará falta recordar que el ejercicio de las funciones de un juez guarda relación, en términos generales, con principios como los de independencia, imparcialidad, sometimiento a la ley, integridad y honradez, respeto a las partes que intervienen en el proceso y espíritu de servicio y trato adecuado a compañeros, profesionales y ciudadanos. El CGPJ no puede contemporizar ante tan graves hechos ni un día más.