La denuncia parte año tras año de ‘SOS Racismo’. La xenofobia en las instituciones es la primera causa de discriminación en España. El 20% de los casos de discriminación tiene su origen en instituciones o la administración pública, incluida la Administración de Justicia. El dato viene al caso por el expediente que hoy maneja el CGPJ y que parte de una denuncia del Consulado Honorario de la Federación Rusa en Canarias.

El órgano de gobierno de los jueces deberá en los próximos días ratificar si es -según se ha filtrado- el magistrado Carlos Vielba, de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el que en una deliberación nada secreta tildó a los jóvenes rusos que vienen a Europa de “mafiosos”, lo mismo a los italianos del sur, y a las rumanas de “putas”. Aún más, la diplomacia rusa se plantea exigir la revisión de los casos en los que haya intervenido -de confirmarse- este magistrado que en concreto ha denegado como ponente, hasta en tres ocasiones, la libertad a la familia Kokorev, rechazando todos cuantos recursos de apelación han planteado los abogados de los supuestos testaferros de Teodoro Obiang en España.

Desde el Observatorio Hispano-Ruso, en su momento se condenaron las manifestaciones atribuidas ahora a Vielba y se manifestó públicamente: 1) que comprometían a procesos judiciales en curso (de alta trascendencia, pendientes de llegar a juicio) y, en todo caso, eran deplorables en el fondo y la forma; 2) que debieran excitar -como así ha sido- el celo del CJPJ, que algún tipo de medidas debiera adoptar en salvaguarda de la credibilidad del Poder Judicial en general y el que se administra en las Islas Canarias en particular; 3) que habían sido pronunciadas y/o toleradas por unos magistrados que ocasionaban un daño severo a lo que significa la independencia, la imparcialidad, las garantías y el derecho a un juicio justo de cualquier ciudadano en España (incluidos de origen ruso); y 4) que el escándalo público que producían estos hechos deberían acarrear consecuencias para frenar el estupor y la desconfianza que ya sienten los ciudadanos por el funcionamiento sano de la Justicia española en general y canaria en particular.

“A través del tiempo y de lo que les conozco, puedo decir que pongo la mano en el fuego por ellos. Es una familia correctísima, son personas educadas y no creo que en ningún caso hayan delinquido”. El aserto es del cónsul, Gonzalo Parada, que se ha pronunciado siempre que lo ha exigido la ocasión sobre el calvario que atraviesan los ancianos Vladimir y su esposa Julia, junto a su joven hijo Igor, un abogado éste último cuya prometedora carrera se ha visto por el momento fatalmente truncada y que ahora aplica sus conocimientos jurídicos en estudiar el sumario desde prisión.

“El caso de la Audiencia Provincial de las Palmas no es una simple anécdota. Hablamos de manifestaciones notorias, que han trascendido a los medios, que alarman a los justiciables pero provocan también desasosiego en los letrados. ¿Qué pensarán ahora los abogados cuando vayan a defender a un ruso o un italiano o una rumana?”.

De manera periódica, Parada acude a visitarles en su calidad de representante diplomático a la cárcel de Juan Grande. “Tengo que confesar que me siento afectado por la situación dramática que están atravesando los Kokorev, porque les visito semanal o quincenalmente y veo su sufrimiento (…) Ellos tienen claro que no han hecho absolutamente nada ilegal. Desde luego, bajo ningún caso algo de lo que se les acusa con pruebas que no han visto: blanqueo de capitales”.

Hay una parte de las palabras del Cónsul Honorario en Canarias que se refiere a la deriva del procedimiento, instruido por Ana Isabel de Vega Serrano y fiscalizado por Luis del Río Montesdeoca. “Yo no sé si están buscando algo para poder justificar por qué se les ha mantenido y mantiene en prisión provisional ya casi durante dos años”.

Insostenible desde el punto de vista humanitario se presenta el estado de salud del empresario ya jubilado, Vladimir. A dolores torácicos y abdominales continuos se suman nauseas, fuertes y sistemáticos espasmos, alteraciones cardiovasculares varias, un estado general de debilidad, falta de aire ocasional e hipertensión arterial, un cuadro que según se alerta en el entorno de la familia y, dados los antecedentes clínicos, podría desembocar en infarto de miocardio o derrame cerebral.

Con frecuencia se encuentra bajo el efecto de la nitroglicerina, toma cápsulas antiinflamatorias y analgésicas para sobrellevar sus padecimientos y, según Parada, “hay un serio deterioro desde que fue ingresado hace más de un año y medio y comenzamos a visitarle. Durante demasiado tiempo no se ha actuado médicamente en atención al padecimiento y las enfermedades que llenan su historial. Él entiende que su vida corre peligro en enfermería porque no se disponen allí de los medios adecuados y especializados (…) lo veo cada vez peor: envejecido, depresivo, muy castigado, mucho. Con una angustia bestial y con una sola certeza: pensar que al día siguiente no va a salir de la celda y que ahí fuera siguen buscando pruebas, un día más, para procesarle”.

Gonzalo Parada se pregunta qué razones pueden estar atando a la justicia para no aplicar clausulas humanitarias ante tales estragos. “Entiendo que hablamos de personas que la juez, en relación a una atención social y de justicia, tiene que poner inmediatamente fuera de prisión con otras medidas de control (…) El mazazo anímico de ver cómo no sólo él sino su familia se ha visto arrastrada injustamente a prisión es lo que le está hundiendo, agravando las secuelas de sus problemas coronarios y de próstata, y otra serie de padecimientos que padece”.

Según ha sabido Madrid Code en fuentes de la familia hispano-rusa, desde la fiscalía canaria se plantea la inadecuación de aplicar medidas cautelares de control alternativas a la prisión (que supera ya los 20 meses) como la pulsera telemática: se aduce que el enfermo empresario ‘tendría medios’ para desprenderse de ella y abandonar el piso de su propiedad en Las Palmas. Un argumento sorprendente si se considera que en su vida cotidiana en prisión Vladimir presenta serios problemas de dependencia para atender y salir adelante hasta en sus más básicas necesidades, y que tampoco su mujer ni su hijo cuentan con antecedentes penales. La Justicia en España ha llegado a sacar de la cárcel a etarras como Bautista Barandalla, condenado a 40 años de prisión por asesinato, colocándole una pulsera electrónica para permitir su localización como la que se solicita para el empresario, su esposa y su hijo.

Marisa Páramo