Alfonso Merlos

                La afirmación es taxativa y procede de un alto funcionario de la Administración de Justicia en las Islas Canarias. No sorprende. Una pareja de ancianos (Vladimir y Julia) y su joven hijo (Igor, abogado con estudios especializados en Harvard, Yale y Georgetown) camino de los dos años de prisión preventiva -el máximo permitido por la ley en España- y prorrogable en circunstancias sumamente excepcionales.

                “Esta familia se está ‘comiendo’ una prisión que, a mi juicio, y por el conocimiento del caso, no le corresponde (…) es un exceso, y vamos a tener un problema muy gordo”. La observación procede de otra relevante fuente judicial de las Islas. Tampoco extraña. El caso arrastra, mes tras mes, a una familia cuya cabeza, el ya retirado empresario Vladimir, soporta sobre sus espaldas un historial médico que se agrava y que ha puesto su salud al límite, tras padecer varias intervenciones de carácter grave y sufrir un infarto de miocardio antes de ingresar en la cárcel de Juan Grande, donde su hipertensión podría desembocar fatalmente.

                Vladimir es un ciudadano con nacionalidad española y esto escama, a mayor abundamiento, a los altos funcionarios que muestran a Madrid Code su estupefacción y su rechazo por la envenenada deriva del proceso. “No sé realmente qué está ganando la justicia. Está la sospecha de la xenofobia y, hasta donde nos consta, la preocupación que se ha instalado en el CGPJ. Es una barbaridad. Se puede garantizar el procedimiento sin esta desmesura. Esta familia ha vivido años en Canarias. ¿Cuál es el problema?”. Es lo que hay.

                El caso está cerca de producir un incidente diplomático entre la Federación Rusa y España. De hecho, ha sido el Consulado Honorario de Rusia en Canarias el que ha situado una queja en el alero del Consejo General del Poder Judicial, quien deberá pronunciarse de forma inminente sobre el presente y el futuro del magistrado que considera que los jóvenes rusos, si viven fuera de su país, son “mafiosos”.

                Según ha publicado ‘Confilegal’ se trata de Carlos Vielba, de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y en este caso se trataría de un magistrado que se ha pronunciado sobre la decisión de mantener en prisión (aún hoy sin procesar) a Igor, de 34 años, cuya carrera profesional -por el momento- se ha visto truncada, y que en el momento de las operaciones investigadas a su padre por supuesto blanqueo de capitales en beneficio de Teodoro Obiang era un estudiante de 20 años de edad.

Había combinado previamente su educación en España y Reino Unido, en Canterbury School. Hablaba y habla inglés y francés, además de ruso y español. Fue seleccionado por sus capacidades por la prestigiosa firma Pérez-Llorca, en Madrid. Desempeñó su actividad profesional igualmente en Barcelona, en consultoría jurídica para inversores internacionales, especializándose en el mercado energético. Al tiempo que creció como consultor completó su formación en matemáticas, estadística y ciencias económicas. Simultáneamente mostró su interés por la filosofía política, lo que llevó a interiorizar en la obra de Karl Popper y a publicar artículos sobre ‘las sociedades abiertas y sus enemigos’ en medios como Libertad Digital… hasta que fue arrestado y encarcelado.

“Es un verdadero dislate que el proceso se esté sujetando en la figura de un delincuente… esto puede terminar en un escándalo muy grande, y estoy hablando del Estado”. Es la observación de una fuente de los juzgados de instrucción de Las Palmas que en los últimos días ha conocido de primera mano que el detonante del encarcelamiento de los Kokorev llegó de la mano de su ex abogado, Ismael Gerli, que vulnerando el secreto profesional está investigado en la actualidad por delitos de fraude, estafa agravada y falsificación de documentos, entre otros.

“¡Es un disparate! Hay gato encerrado, y veremos donde está”. Abunda la misma fuente al conocer que Gerli, que comparece ante la justicia de su país cada dos días, llevó a cabo una operación de extorsión flagrante que queda recogida en el sumario cuyo levantamiento se produjo hace ya tres meses.

Lo ha confirmado en una exclusiva a La Provincia el propio Igor Kokorev. “Gerli amenazaba con hacer una denuncia falsa a, entre otras, las autoridades en España, si no se le transferían determinadas sumas de dinero (…) Ha usado a la policía española para calumniar a la familia Kokorev, presentándoles como peligrosos delincuentes, mafiosos, haciendo uso del mismo silogismo empleado en la instrucción y validado (por el momento) por la Audiencia Provincial de Las Palmas: rusos = mafiosos”.

El joven hijo de Vladimir y Julia abunda en su denuncia. La juez instructora Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río Montesdeoca se están valiendo de pruebas falsas aportadas por un ‘presunto’ delincuente. “En octubre de 2015 Gerli declaró en la Embajada de España en Panamá ante dos agentes de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas. Es la primera vez que aparece en el procedimiento como testigo. Los agentes de la UDYCO no se explica por qué aparecieron de repente en Panamá viajados desde Canarias, cuando nada tienen que ver con la fuerza de Interpol en España que se encargaría del traslado (…) No se explica la repentina aparición de Gerli en el proceso. En ningún momento se le cita para declarar como testigo con anterioridad a esta declaración. Es únicamente por los deslices de la UDYCO a la hora de aportar correos electrónicos de Gerli a la causa que conocemos que estaban en contacto extraprocesal mucho antes”.

Igor lleva meses analizando prueba tras prueba el material aportado por el ex abogado de la familia a los investigadores, entre el que ha hallado -según ha conocido Madrid Code- pruebas manipuladas y, por consiguiente, falsas. “Gerli ha contaminado irremediablemente toda la causa (…) sin ningún fundamento (…) es más que un testigo: más bien es el promotor y director del procedimiento (…) se comunica de forma regular y extraprocesal con la instrucción antes de su declaración como testigo en octubre de 2015”.

Los contactos de los investigadores españoles y este abogado con más de una decena de causas pendientes en su país, de los que sólo conocemos una parte mínima y “que la instrucción por voluntad o por desliz ha querido revelar, tuvieron lugar de forma absolutamente extraprocesal e irregular, a espaldas del procedimiento penal ajustado a Derecho y completamente al margen del mismo”.

Es el dictamen de Igor Kokorev, quien apura día tras día en el centro penitenciario de Juan Grande analizando el sumario. Página a página. Es el dictamen de quien se sorprende de la supuesta condición procesal de testigo a una persona que tiene prohibida la salida de su país y cuya enemistad manifiesta hacia los investigados deberían invalidar automáticamente su testimonio. Junto con su anciana madre y su enfermo padre prestará declaración el próximo 12 de junio en los juzgados de Las Palmas. Con la esperanza de que esa fecha sea el principio del fin de unos destrozos físicos y psicológicos perfectamente visibles a los ojos de los abnegados funcionarios del Centro Penitenciario Las Palmas II, en San Bartolomé de Tirajana.