Estados Unidos rechazó la credibilidad de uno de los testigos clave que jueza, fiscalía y Policía utilizaron para encarcelar preventivamente a los presuntos testaferros de Teodoro Obiang en España y mantenerlos ya durante más de 20 meses en la cárcel canaria de Juan Grande. Se trata de Germán Pedro Tomo Mangué, uno de los dos únicos testigos de la Fiscalía.

La declaración la llevó a cabo el 29 febrero de 2013 (sorprendentemente nunca ha existido por tener el mes 28 días ese año) en la Jefatura Superior de Policía de Madrid ante el inspector Francisco Herrero Zapata, de la UDYCO de Las Palmas. Sus incriminaciones son durísimas y fueron clave para acelerar la entrada en prisión de los ancianos hispano-rusos Vladimir Kokorev y Julia, junto a su joven hijo abogado, Igor.

El disidente ecuatoguineano Tomo Mangué señala que “tras entablar confianza con el presidente de Guinea Ecuatorial, Vladimir actuó como testaferro para miembros del gobierno”. A eso añade que desde 1997 en la antigua colonia española “se buscaban testaferros para evadir dinero”.

Esta teoría contrasta sin embargo con los detalles en los que abunda y que echan por tierra la teoría de la juez Ana Isabel de Vega, según la cual la sociedad Kalunga (administrada por Vladimir Kokorev) es de carácter fantasma y sus ingresos de más de 20 millones de dólares no obedecen a actividad alguna. Este testigo especifica que el empresario nacionalizado español “intermedió con Rusia en la compra por parte del gobierno de Guinea Ecuatorial del barco tipo fragata “Dipbloho” en el año 2001 o 2002, que ese barco se transformó en barco de transporte para personas, el cual se encuentra operativo actualmente para el transporte de mercancías entre Bata y Malabo (…) que Vladimir también hizo de intermediario con Rusia para la compra del barco ‘Mikue’ para el transporte de mercancías (…) que hizo de intermediario para la compra de tres barcos (‘Moto Oveng’, ‘Katuam’ y ‘Río Mbni’) por parte de la empresa Hermanos Martínez”.

Tres años más tarde de la declaración de este testigo, el 15 de febrero de 2016 tuvo lugar una reunión de coordinación con presencia de miembros de la Comisaría General de Policía Judicial, la Comisaría General  de Información y una delegación de la ‘Homeland Security Investigation’ de la Embajada de Estados Unidos en España, en la que ésta última subraya que en la investigación por supuesto blanqueo de capitales seguida contra la familia Kokorev quedan ‘extremos por resolver’.

El mismo día de esa reunión de coordinación se produce la segunda declaración ante las autoridades policiales españolas del opositor Tomo Mangué, en la que se busca de nuevo (y se encuentra) que ratifique que a su modo de ver Vladimir Kokorev es testaferro de Obiang, y en esa incriminación se le vuelve a dar máxima credibilidad. La declaración ante el inspector Francisco Herrero Zapata, de la UDYCO de Las Palmas, resulta determinante para mantener en prisión aún hoy en Canarias a la familia Kokorev.

Sorprendentemente, porque se da el hecho de que la credibilidad otorgada a este disidente por las autoridades españolas (policía, jueza Ana Isabel de Vega Serrano y fiscal Luis del Río Montesdeoca) choca frontalmente con la que le otorgan las autoridades de Estados Unidos. En el proceso seguido contra la corrupción del hijo del presidente Teodoro Obiang se señala que “en el periodo comprendido entre 1998 y 2003, Germán Pedro Tomo Mangué, propietario de Tromad Forestal, abonó a Nguema tasas (…) bien en maletas de efectivo o con cheques personales que Tomo depositaba directamente en una cuenta bancaria”.

Pero hay más. Las autoridades estadounidenses establecieron en 2012 que no podían dar veracidad a las declaraciones que sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial llevaba a cabo Tomo Mangué ya que “es en realidad un político de un partido opositor que trató de derrocar al gobierno de GE en un golpe de estado frustrado (…) y fue condenado a veinte años de prisión por el destacado papel que desempeñó en la preparación de la intentona golpista”, añadiendo que “el juzgador podría determinar perfectamente que el testimonio del señor Tomo no resulta creíble”.

Se da la circunstancia de que este nuevo testigo bajo sospecha (por su interés directo/indirecto en el desenlace del ‘caso Kokorev’) ha sido interrogado por el inspector Francisco Herrero Zapata, de la UDYCO de Las Palmas. Es el agente de cuya amistad se jacta y ufana el testigo estrella contra la familia hispano-rusa, Ismael Gerli, que llega a llamarle “amigo Paco”.

Gerli, que según consta en el sumario chantajeó a la policía canaria, está imputado por falsificación de documentos, sigue investigado por estafa agravada y fraude (entre otros delitos) y podría enfrentarse a más de diez años de cárcel; debe comparecer en Panamá cada dos días en sede judicial.

Javier Cordero