Alfonso Merlos

                Mañana jueves se celebra una vista en la Audiencia Provincial de Las Palmas en la que se decidirá sobre la puesta en libertad o del matrimonio Kokorev, (los ancianos Vladimir y Julia), investigados desde hace más de una década por ejercer de supuestos testaferros de Teodoro Obiang en España, acusación por la que suman preventivamente más de 21 meses en la cárcel canaria de Juan Grande junto a su joven hijo Igor.

                La vista llega precedida de la polémica por el papel desempeñado por la UDYCO, y en concreto por el inspector de su Grupo I en Las Palmas, Francisco Matías Herrrera Zapata, chantajeado por el ‘testigo estrella’ del caso, el ex abogado de la familia Ismael Gerli. Fue éste quien tras extorsionar a la familia Kokorev al ser despedido entregó material presuntamente falsificado a la policía canaria con el que sigue operando en la instrucción la juez Ana Isabel de Vega Serrano. Fue el propio Gerli quien pidió protección ante la justicia de su país -Panamá- para no ser procesado ni encarcelado por los presuntos delitos que pesan sobre su trayectoria. Literalmente, le trasladó a la policía judicial española que si no se le ayudaba, “reventaría” un procedimiento, en sus propias palabras “viciado totalmente”.

 

Aún más, el abogado panameño hoy imputado por delinquir (fraude, estafa agravada, falsificación documental), en un mail a la UDYCO se jacta de ser el responsable de la detención de la familia hispano-rusa: “Yo y sólo yo tengo 100% del mérito que los policías españoles no regresaran con las manos en blanco”, llega a ufanarse en alusión a los agentes españoles que se desplazaron hasta Panamá para proceder a la extradición de los Kokorev en 2015.

Pero la polémica trasciende a la relación presuntamente amistosa entre Ismael Gerli y el inspector canario chantajeado al que se refiere como su ‘amigo Paco’. Igualmente, el informe de la UDYCO en el que se cita un informe del Senado de Estados Unidos de 2004 (origen del caso Kokorev) presenta rasgos claros y reiterados de manipulación y alteraciones varias, tal y como se aprecia en el sumario.

El ‘informe del Senado’ traducido al español no aparece en la causa hasta el 20 de julio de 2016, a pesar de que es el documento en el que se soporta la querella original que data de 2008, y a pesar de que es el documento en el que se sostiene toda la instrucción, con el añadido de las pruebas presuntamente falsificadas aportadas por el testigo ‘Ismael Gerli’ y aún hoy admitidas como válidas por el fiscal Luis del Río Montesdeoca.

En su informe fundamental, la UDYCO señala que Estados Unidos ya concluyó que las transferencias realizadas desde el Estado de Guinea Ecuatorial a la sociedad Kalunga, de Vladimir Kokorev, “sin género de dudas tenían su origen ilícito penal en la corrupción (malversación) practicada en aquel país”. Pero el entrecomillado puesto por la policía canaria no aparece en el ‘informe del Senado’ norteamericano, que en ningún momento llega a ninguna conclusión sobre la corrupción en la antigua colonia española, tampoco en estos términos.

La UDYCO señala que “la sociedad Kalunga Company, S.A. no tendría actividad comercial ni de ninguna índole”. Tampoco esta apreciación aparece en el ‘informe del Senado’, que no se pronuncia en ningún momento sobre la actividad de la sociedad de Vladimir Kokorev porque no era objeto hacer la más mínima indagación sobre la compañía.

Finalmente, la UDYCO indica que Estados Unidos ya concluyó que el dinero obtenido por Kalunga “habría sido utilizado por personalidades guineo-ecuatorianas y sus familias en beneficio propio para la adquisición de diversas propiedades inmobiliarias dentro del territorio español”. En realidad, nada dice el ‘informe del Senado’ sobre el destino que se dio a los fondos recibidos por la sociedad de los Kokorev, ya que no era el fin del trabajo; tampoco se menciona en ninguna parte de aquel documento nada respecto de adquisiciones de inmuebles en España por parte de nadie, ni siquiera de ‘personalidades guineo-ecuatorianas’.

En el entorno de la familia Kokorev denuncian el “constante reciclaje de contenidos que ha llevado a cabo la UDYCO en Canarias, alterando sus fuentes para intentar dar una mayor relevancia a sospechas infundadas o, simple y llanamente, a falsedades”.

Altos funcionarios de la administración de Justicia en Canarias, conocedores del caso, se sorprenden ante la realización de una ‘investigación prospectiva’, un mecanismo de instrucción prohibido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ir encaminado a la búsqueda genérica de infracciones penales, por presentar datos reales aislados sin una interconexión que les aporte categoría de indicios sólidos y por manejar especulaciones sin fundamento desde los parámetros de una investigación criminal.