La noticia saltaba a la palestra hace pocos días. El hombre de negocios y ex mercenario británico Simon Mann, que dirigió un fallido golpe de Estado en Guinea Ecuatorial en 2004, acusaba ante un tribunal de París al multimillonario y  ‘filántropo’ George Soros de conspirar para derrocar al régimen de Teodoro Obiang.

Ha sido la constatación en sede judicial de un interrogante que estaba en el ambiente geopolítico y judicial desde hace años, y que afecta en España a la familia Kokorev (supuestos testaferros del presidente ecuatoguineano), que llevan 22 meses en la prisión canaria de Juan Grande.

¿Nos hallamos ante un proceso libre de interferencias o aparece de nuevo la larga mano y la larga sombra de George Soros, tan ocupado y preocupado por la geopolítica internacional y los medios de comunicación?

El ‘caso Kokorev’ tiene su origen y como elemento capital de acusación un informe del Senado de los Estados Unidos, del “Permanent Subcommittee on Investigations”, de 15 de julio de 2004, que ha traído consigo que los mencionados ciudadanos españoles de origen ruso permanezcan privados de su libertad (ahora se les exige una fianza de 6 millones de euros).

Vagamente se les acusa de haber adquirido diferentes inmuebles en España bajo la intermediación de la empresa Kalunga Company, receptora de más de 26 millones de dólares en una cuenta que esa compañía de Vladimir Kokorev (dedicada al sector naviero y del transporte marítimo) tenía en el mencionado Banco Riggs. Así, las consecuencias para esta familia española de haber comerciado para el gobierno de Guinea Ecuatorial (¿son los únicos empresarios que en nuestro país desarrollan relaciones mercantiles con Estados no democráticos?) han sido nefastas.

En efecto, el golpista Simon Mann acaba de ratificar que Guinea Ecuatorial es un país sobre el que había puesto los ojos uno de los principales especuladores del mundo,  Soros, interesado en su cambio de régimen con el consiguiente beneficio que le traería consigo, dadas las grandes reservas petrolíferas (también de gas) que guarda en sus entrañas.

El 4 de abril de 2002, más de dos años antes de publicarse el informe del Senado de EE.UU., el periodista Ken Silverstein publicaba el artículo “U.S. OIL POLITICS IN THE “KUWAIT OF AFRICA”. Comenzaba a gestarse la “OPERACIÓN OBIANG”. El artículo, en el que se describe a Guinea Ecuatorial como el Kuwait de África, lleva el “sello” característico de  Soros y de su Open Society Foundation, (OSF). No solo porque en su texto aparecen las palabras “HUMAN RIGHTS”, hasta doce veces y “DEMOCRACY”, trece veces, palabras muy recurridas en los informes de la OSF; también por haber sido patrocinado dicho artículo por la “FUND FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM” y el “INVESTIGATIVE FUND OF THE NATION INSTITUTE”, la primera entidad a su vez subvencionada por el propio magnate.

El artículo, orientado a crear opinión pública, va a ser el embrión del informe del Senado de julio de 2004. Pasados casi diez meses de la publicación de “U.S. OIL POLITICS IN THE “KUWAIT OF AFRICA”, Silverstein vuelve a la carga publicando un nuevo artículo, el 20 de enero de 2003, “OIL BOOM ENRICHES AFRICAN RULER”, sobre el mismo tema y que es la base del informe del Senado que se publicará año y medio después.

Es el periodista, Ken Silverstein, “la voz de su amo, Soros”, el que crea opinión y dirigirá, de alguna manera, las investigaciones del Senado del más importante país del mundo, Estados Unidos, hacia/contra Guinea Ecuatorial y Teodoro Obiang.

En concordancia con el artículo de Silverstein, de 20 de enero de 2003, la publicación de Soros, OPEN SOCIETY NEWS, hablará del mismo artículo en su número del verano de 2003, lo que prueba la estrecha relación entre el periodista y la OSF. Pero el periodista no está actuando por libre o en solitario ya que paralelamente, el INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, financiado por la FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE (FOSI), otra de las fundaciones de Soros, en octubre de 2003, está realizando un completo informe sobre los derechos humanos que rigen en el país centroafricano.

Silverstein aun escribirá (impulsado por los intereses del magnate que lo apadrina) otro artículo más sobre Guinea Ecuatorial y el enriquecimiento de su presidente, a costa de su pueblo, antes de la publicación del informe del Senado. Se publicará en Los Angeles Times el 22 de mayo de 2004.

El propio periodista se vanagloria en su biografía de que gracias a sus publicaciones, -omitiendo que detrás de ellas está Soros-, ha impulsado determinadas investigaciones del Congreso de Estados Unidos y de derribar al Banco Riggs por colaborar en el lavado de dinero de dictadores como Obiang o Pinochet, lo que confirma que es Silverstein, es decir Soros, el detonante de la investigación del Senado.

El periodista aparece en la propia web de la OPEN SOCIETY FOUNDATION como investigador del sector energético, en una información del año 2010. En otra web de la OSF aparece de nuevo como conferenciante, el 28 de junio de 2012, de la propia Fundación, tratando asuntos de corrupción. También en septiembre de 2010 Silverstein disfrutaba de una beca pagada por el multimillonario filántropo.

En realidad nunca George Soros ha ocultado su interés por la geopolítica y, sobre todo, la geoeconomía internacional. El interrogante es hasta qué extremo y con qué medios ha influido en procesos ciertamente estratégicos. En el caso de la familia hispano-rusa Kokorev (el padre Vladimir, su mujer Julia y su joven hijo Igor) en prisión por ejercer supuestamente de testaferros de Obiang, queda probado en el origen el impulso del “filántropo multimillonario” para condicionar la situación en Guinea Ecuatorial (desestabilizarla de cara a sus intereses), una vez el Estado se convierte en el Kuwait africano por sus riquezas petrolíferas.

Este especulador financiero, conocido por ser el causante de la quiebra del Banco de Inglaterra del miércoles negro de 16 de septiembre de 1992, es el fundador y presidente de la OPEN SOCIETY FOUNDATION, OSF, una red de fundaciones, socios y clientes instalados en gran cantidad de países que, teóricamente, tratan de fortalecer el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos de las minorías. Una coartada formidable para impulsar todo tipo de planes. Es una paradoja, porque a pesar de estar en el top 100 de personas más ricas del mundo, promulga con frecuencia los males del “capitalismo salvaje”.

Pero OSF no es sólo un grupo de fundaciones diseminadas por el mundo. Es un macro proyecto de control político, económico y social muy generosamente financiado por Soros: un entramado regado con el dinero que consigue a través de sus sociedades de inversión de alto riesgo. El propio filántropo reconoce que su red está instalada en Estados Unidos, Armenia, Reino Unido, Hungría, Bélgica, Bosnia, Georgia, Serbia, Macedonia, Turquía, Ucrania, Kazajstán, Kirguizistán, Albania, Angola, Congo, Guinea Konakry, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Suráfrica, Afganistán, Indonesia, Mongolia, Pakistán, Jordania, Túnez, Haití… y ESPAÑA.

La filtración el pasado año de 2.576 documentos de varios departamentos de las organizaciones de Soros (especialmente de la OSF) prueba la afición del magnate a hacer “listas negras” de políticos, medios de comunicación y periodistas, algo que casa poco con los principios más básicos de la democracia y el Estado de derecho que dice (a escala global) defender y promover. Pero prueba además, como se ha escrito, que el multimillonario cuenta con “perritos falderos” erigidos en “chivatos colaboracionistas” con su causa, se entiende. Precisamente por eso no han sido pocas las entidades civiles que en diversos Estados han pedido el cierre de las plataformas subvencionadas por Soros por sus ataques a la libertad de expresión, a la democracia y a la soberanía de los países.

La pregunta no es ociosa: ¿en qué se sustancia, pues, esta compleja forma de proceder de Soros y sus numerosísimos y sombríos tentáculos en el desarrollo del ‘Caso kokorev’? El origen hay que buscarlo en 2008 y en la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, APDHE, contra Teodoro Obiang y su entorno por ayudarle, supuestamente, a blanquear capitales.

La titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega, instructora del ‘Caso Kokorev’, está en la idea de que es APDHE la que está detrás de la querella criminal, presentada el 22 de septiembre de 2008, contra determinados miembros del Gobierno de Guinea Ecuatorial, que dará lugar a que hoy se encuentren en prisión los Kokorev.

La querella, firmada por su entonces presidente, el abogado Manuel Ollé Sesé y por su vicepresidenta, la abogada Almudena Bernabeu, es en efecto de la APDHE, y en la misma no se hace referencia alguna a que sean otros los que estén detrás de ella. Lo contrario, que fuera alguna organización extranjera su promotora, probablemente obligaría a la magistrada De Vega a declararse incompetente. Es por ello que habrá que ocultar que George Soros y su Open Society Foundation son los que realmente están detrás.

Ollé Sesé, amigo y compañero de viaje en otros casos de Baltasar Garzón, presenta la querella en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Nº 5, el de Garzón (¿casualidad?). El hecho es que el juez inhabilitado por prevaricador la deriva a la Fiscalía Anticorrupción en su delegación en Las Palmas, en manos del Fiscal de la Asociación Progresista de Fiscales, Luis del Río Montesdeoca.

APDHE afirma que por información del Subcomité del Senado de Estados Unidos Kalunga Company es total o parcialmente propiedad del presidente de Guinea Ecuatorial, una simple sociedad pantalla para blanquear capitales… y no con actividad real (como ha acreditado tenerla) y de su titular real (como lo ha acreditado) Vladimir Kokorev, al que ni se cita en la querella inicial.

La cuestión es: ¿necesita el riquísimo dictador ecuatoguineano a un empresario hispano ruso al que le confía “la friolera” de 26 millones de dólares en la cuenta de una empresa creada a tal efecto? Y, por otra parte, ¿por qué actúa APDHE a través de sus abogados como una pieza en el tablero de George Soros?

Como se podrá colegir, es la OSF LA QUE ESTÁ DETRÁS DE LA QUERELLA DE LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA, APDHE, CONTRA EL ENTORNO DE TEODORO OBIANG. La propia web de la OSF recoge en un archivo específico en pdf de 735 páginas la mencionada querella. Hasta el extremo de que un artículo de El Mundo, de fecha 9 de diciembre de 2008 del periodista Antonio Rubio, dice literalmente: “La querella se basa en un exhaustivo trabajo de investigación realizado por la Fundación estadounidense Soros junto con la Open Society Institute (ISO)…”.

En el mencionado archivo de la OSF se descubre cómo antes de que se presente la querella (22 de septiembre de 2008), ya están trabajando en la misma, codo con codo, miembros de la ‘Open Society Justice Initiative’ y ‘EG Justice’, pertenecientes a la OSF, con Manuel Ollé y Almudena Bernabéu, es decir con APDHE. Es más, un tercer documento incluido en el dossier de OSF, de 31 de agosto de 2009, (con la querella ya presentada), recoge explícitamente las vinculaciones entre APDHE y la OSF. A más abundamiento, un artículo publicado en la Web de la OSF, de 6 de octubre de 2015, deja meridianamente claro que detrás de la denuncia contra el entorno de Obiang por ayudarle supuestamente a blanquear capitales está la propia fundación de Soros.

La forma en que desde la trastienda, pero con una morterada de dinero, el “filántropo” Soros mueve los hilos a través de su red de fundaciones y de colaboradores para formular una querella y poner en la picota al régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, en 2008, poca discusión ofrece. En concreto, desde la Open Society Justice Initiative se ayudó en la preparación de los argumentos legales para el caso presentándolo como un ejemplo claro de lavado de dinero en los circuitos internacionales.

Y aún así, hoy, en el ‘caso Kokorev’ no hay cargos concretos ni auto de procesamiento ni la juez del instrucción nº5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano, establece las fechas y el modo del supuesto blanqueo de capitales. Da por hecho genéricamente que los acusados (a pesar de que hace una década Julia era ama de casa y su hijo Igor, estudiante) recibieron fondos del Tesoro de Guinea Ecuatorial destinados a lo que ella considera una “empresa fantasma”.

De nada le ha servido a la jueza De Vega -hasta hoy- el acreditado historial comercial aportado por la defensa de Vladimir Kokorev. Aún así, la instructora no ha desestimado (constan en los anexos al sumario) las siete decenas de documentos mercantiles y oficiales, la mayor parte relacionados con las entidades y proveedores que recibieron pagos de Kalunga, vinculados en esencia al comercio marítimo, la fabricación y venta de tecnología y equipos navieros.

Javier Cordero