No es lo mismo cambiar de teléfono móvil para disponer de mejores capacidades tecnológicas o por capricho de estar a la última moda, que tener que cambiar porque el fabricante lo diseñó deliberadamente para tener un tiempo de vida específico, o debido a que el fabricante no permite su reparación por falta de piezas o soporte. En el primer caso se habla de obsolescencia (fuera de moda o de uso) por la necesidad hacia las nuevas tecnologías (por ejemplo, del móvil de teclas al Smartphone táctil). Pero, en el segundo caso, cuando la obsolescencia tiene un objetivo económico donde los fabricantes incluyen ciertas condiciones para que el producto deba ser renovado al cabo de un tiempo, se denomina obsolescencia programada. El producto mediante este diseño tendrá una vida más corta antes de que se desgaste por completo (o se haga obsoleto tecnológicamente), dejando de funcionar al cabo de un tiempo o se torne inservible por no tener recambios para una inesperada avería, siendo difícil o imposible su reparación.

La Unión Europea (UE), en contra de esta práctica, acaba de aprobar un dictamen que exige la prohibición de la obsolescencia programada, siendo necesario elaborar un proyecto de ley similar al que aprobó Francia en 2015 (Ley de Transición Energética con penas hasta 2 años de cárcel y multas de 300 mil euros o el 5% de las ventas anuales de los fabricantes de productos con obsolescencia programada). En este dictamen se han aprobado tres medidas principales:

• Incentivos fiscales para todos aquellos productos duraderos, de calidad y de fácil reparación.
• Libertad de elección para escoger un reparador independiente, siendo necesaria la disponibilidad de piezas de recambio a un precio adecuado y durante largo plazo (el 77% de los europeos prefieren la reparación en lugar de sustituirlos por otros nuevos).
• Creación de una etiqueta europea voluntaria en la que se incluirían datos como la durabilidad del producto, el diseño ecológico, la posibilidad de reparación y la capacidad de modulación de conformidad. (Más del 90% de los europeos cree que los productos deben estar claramente marcados para indicar su longevidad, según un sondeo del Eurobarómetro). Con esta etiqueta podremos decidir mejor en el proceso de compra.

El Parlamento Europeo desea además reducir la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) mediante la reutilización, la recogida, el reciclado y la reparación en la medida de lo posible, ajustándose al modelo de economía circular (cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos).

Alargar la vida de la tecnología incide directamente en el crecimiento económico de la UE, dado que el aumento del 1% del valor añadido por actividades económicas relacionadas con la prolongación de la vida útil del producto (actividades de mantenimiento y reparación) tiene un efecto agregado de 6,3 millones de euros. Y el aumento del 1% del consumo final de bienes y productos de la UE representa 1.600 millones de euros, por lo que es posible conseguir un aumento anual del PIB de 7.900 millones de euros. Además, del valor medio ambiental, por ejemplo, si ampliamos la vida útil de un tostador en un 10% podemos ahorrar 4000 toneladas de CO2 y evitar alrededor de 60 toneladas de residuos por año.

En el transcurso del I Congreso nacional de reciclaje de residuos electrónicos organizado en junio en Antequera se ha indicado que en España solo en 2016 se han reciclado 235.000 toneladas de residuos electrónicos,y que en 2017 a escala mundial se alcanzará los 65,4 millones de toneladas anuales de los desechos generados por la basura electrónica. Según un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se estima que entre un 60 y un 90% de los residuos electrónicos que se generan anualmente en todo el mundo son tratados de forma ilegal o directamente depositados en vertederos en países como Ghana (dónde la población tiene que convivir con kilómetros de desperdicios). La INTERPOL estima que el precio de una tonelada de RAEE ronda los 450 euros. Y estima que el mercado global de residuos (desde la recogida al reciclaje) se estima en un valor de 365 mil millones de euros. De los cuales, unos 16.700 millones de euros corresponde al valor de los residuos electrónicos gestionados de forma irregular (incluyendo el comercio ilegal y el vertido). Para acabar con este mercado es necesario acabar con la sobreproducción generada por la obsolescencia programada y controlar que se declaren los residuos falsamente como productos de segunda mano para ser enviados a países en vías de desarrollo.

La obsolescencia programada no solo afecta a nuestra economía, sino que tiene repercusiones medioambientales en la producción y en la acumulación de residuos, por lo tanto,es conveniente tomarse en serio este problema desde los Gobiernos, las empresas fabricantes y por los propios ciudadanos consumidores.

 

Pedro Robledo

Experto en BPM y Transformación Digital

@pedrorobledobpm