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El Gobierno ha remitido, a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cataluña, una atenta carta dónde invita a los mismos a no participar del referéndum secesionista que tendrá lugar en un par de meses, cumpliendo así con la legalidad vigente.

Resulta inconcebible que se remita cartas, exponiendo la obligación de cumplir la Ley. El desconocimiento de la misma no exime de su cumplimiento. Un principio básico de Derecho y sobre el que construimos un ordenamiento jurídico común que establece las reglas de funcionamiento de un estado democrático y de Derecho. Además de venir perfectamente reseñado en el artículo sexto de nuestro Código Civil, el cual, debería ser conocido por todo servidor público, al erigirse esta norma, como columna vertebral de nuestra Nación.

¿Acaso a ti te envían cartas para conminarte a cumplir la Ley? ¿Cuánto ha costado el montante de las mismas? ¿Es necesario sabiendo lo expuesto en el segundo párrafo?

No es excusa vivir en un país donde la picaresca es obra cumbre de la Literatura, dónde se permite indultar al corrupto fiscal, rescatar autovías y entidades bancarias privadas, a fondo perdido, endeudar una ciudad hasta su quiebra técnica o enviar cartas de amor… sin responsabilidad de ningún tipo.

El erario público NO PUEDE MALGASTARSE. Nuestro país no es distinto de una empresa en la que cada céntimo es necesario para el bienestar general. Hay que cambiar el disco duro y meter el parche de la responsabilidad, que en nuestro caso, lleva quemado desde hace bastante tiempo.

Sentido común, equidad y ecuanimidad.

Ginés De Lara

@InfanteDeLara