Pasado ya más de un mes desde que la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenara la entrega a los letrados de la familia Kokorev de las copias de los discos duros de los dispositivos electrónicos intervenidos a los supuestos testaferros de Obiang, la magistrada Ana Isabel de Vega sigue sin hacer efectivo el mandato.

Los letrados de Vladimir Kokorev, su mujer Julia y su hijo Igor (éstos dos ya en libertad, prohibida su salida de la isla de Gran Canaria) habían solicitado al juzgado de instrucción nº5 de Las Palmas los volcados de los soportes informáticos incautados, incluidos los aportados por Ismael Gerli, el testigo al que el Fiscal Luis del Río han convertido en ‘estrella’ en la causa, por el peso de su acusación. El objetivo era y sigue siendo comprobar “el origen e integridad de todos los documentos obrantes en la investigación” a través de ordenadores, soportes, discos duros, teléfonos y todo tipo de soportes.

La AP corregía a la magistrada de Vega para establecer que esos volcados debían ser puestos “a disposición de quien ostenta el derecho de defensa y de presunción de inocencia”, simplemente para poder articular con plenitud este derecho fundamental que, dadas las demoras, sigue sin poder ser ejercitado. El trámite es crucial en la medida en que permite a las defensas del empresario hispano-ruso (camino de 26 meses de preventiva en la cárcel de Juan Grande) verificar “que la policía ha operado sobre copias fieles de los originales”; y, en paralelo, certificar “que las copias aportadas a los abogados se corresponden con el estado de los soportes al ser intervenidos”.

Por otra parte, fuentes de la Audiencia Nacional que han conocido el origen del caso en Madrid cuando fue archivado, antes por tanto de su reapertura y llegada a Las Palmas apuntan a ‘Madrid Code’ que los 20 millones de euros supuestamente blanqueados a favor del jefe de Estado de Guinea Ecuatorial “no se ajustarían a un esquema de blanqueo de capitales al uso, en la medida en que hay abundantes documentos justificativos de las transferencias puestas en entredicho, se ha verificado plenamente al emisor de las mismas y la existencia de un cliente y unos trabajos reales”.

No en vano, la profusa documentación incluida en el sumario de la investigación echa abajo la teoría de que Vladimir Kokorev usó instrumentalmente una compañía fantasma (Kalunga) sin actividad real y propiedad en última instancia de Teodoro Obiang.

Así, en el anexo 47 se incluye un contrato entre le empresa de Vladimir Kokorev y el Gobierno de Guinea Ecuatorial para la construcción y entrega en Malabo de un barco mercante, en 2003. El documento establece que la totalidad del pago asciende a 7.875.000 euros, a abonar en el Banco Santander, oficina de Las Palmas. La documentación da cuenta de que “se ha producido la inspección preliminar del barco en el puerto de Nápoles antes de su entrega”, y precisa, además de una cadena de inspecciones, el lugar y tiempo de entrega, piezas de repuesto, combustible, lubrificantes, impuestos, garantías, clausulas de confidencialidad y arbitraje.

Sobre la tripulación, el contrato dice que “el vendedor se compromete a contratar la tripulación completa del barco para asegurar la inspección por la sociedad clasificadora, ‘Russian Maritime Register of Shipping’, y entrega del barco con toda la documentación debida al comprador en el puerto de Malabo. Los gastos de la contratación de la tripulación hasta el momento de la entrega del barco al comprador están incluidas en el presente contrato y se cubren por éste. Después de la llegada del barco al puerto de Malabo el comprador llevará a cabo todos los gastos del mantenimiento de la tripulación a base de los contratos individuales o convenio colectivo, así como el coste de la repatriación total o parcial de la tripulación”.

A más abundamiento, en el anexo 46 aparece la factura a Kalunga para los seguros de barcos Djibholo y Mikue, o la patente de navegación del buque Rio Mbini. En este sentido, el documento fija literalmente que “el Consulado General de Panamá en Las Palmas muestra su compromiso y disposición para con la compañía de Vladimir Kokorev, y le ofrece todo el apoyo y la cooperación necesaria en el desempeño de su actividad empresarial y profesional”, le recuerda el pago de impuestos a efectuar con carácter anual y reclama asimismo documentación y certificados relativos a la nave, adjuntando la cuenta bancaria de una oficina de Las Palmas en la que proceder al abono”.

En la misma parte de la voluminosa instrucción se incluye la factura a Kalunga por el reemplazo de dos generadores en el buque Djibholo, del que se incluye ficha técnica, historial y reportaje fotográfico, entre otros elementos acreditativos de su actividad comercial a escala internacional.

Con su mujer y su hijo ya aguardando en libertad, Vladimir Kokorev ha conocido que la juez Ana Isabel de Vega no estima que los bienes aportados para hacer frente a la fianza de 600.000 euros (parte del patrimonio familiar) puedan usados para ordenar su salida de una prisión provisional que va camino de alcanzar registros inéditos en la historia judicial y penitenciaria de las Islas Canarias.

Alejandro Entrambasaguas