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Caso Kokorev: denuncias por dilaciones procesales y medidas cautelares insólitas 

 

Marisa Páramo

              El ‘caso Kokorev’ vuelve mañana 15 de noviembre al Parlamento Europeo. Diversas personalidades bajo el liderazgo del eurodiputado Fluvio Martusciello se reúnen en Estrasburgo para evaluar las acciones en marcha contra la presunta violación de derechos humanos y libertades fundamentales en el proceso que se sigue contra Vladimir Kokorev y su familia por ejercer presuntamente de testaferros de Teodoro Obiang.

El encuentro forma parte de un programa de monitorización de las acciones de la Justicia en Canarias que el Europarlamento ha puesto en la picota desde hace ya un año, cuando dos europarlamentarios excitaron al Consejo General del Poder Judicial a que actuara para frenar los abusos y posibles irregularidades en la investigación del caso.

La mesa redonda será seguida de una conferencia de prensa en atención a los medios de comunicación que crecientemente han mostrado su inquietud con la forma en la que se está administrando la justicia; y en la que se pondrá de manifiesto, 1) que no hay fecha para el juicio; 2) que tampoco para el procesamiento; 3) que no hay indicios concretos y formales de los delitos de los que vagamente se acusa; 4) que se ha dado un trato degradante y abusivo en la aplicación de la prisión preventiva; 5) que se ha producido un uso injustificado de la figura del secreto de sumario; 6) que hay signos de ilegalidades/irregularidades en la instrucción; 7) que la medida de prohibición de salir de la isla aplicada a la mujer de Vladimir, Julia y su hijo Igor es equivalente a la del arresto domiciliario, nunca aplicado en estas condiciones en la historia de la Justicia en Canarias; 8) que hay una insensibilidad manifiesta ante el estado de salud de Vladimir Kokorev, que suma 26 meses en ‘prisión provisional’; y 9) que hay una obstaculización de la acción de la defensa, que sigue sin acceder al material incautado más de dos años después.

De hecho, fuentes de la Audiencia Provincial de Las Palmas se sorprenden de que hayan pasado más de dos meses sin que la jueza De Vega Serrano haya acatado la orden dictada por este tribunal de apelación para poner a disposición de los letrados de los Kokorev una copia de los volcados del material informático incautado hace más de dos años. A eso hay que sumar la estupefacción, en las mismas fuentes, por el hecho de que la magistrada ha denegado como pago de los 600.000 euros de fianza a Vladimir Kokorev para alcanzar la libertad la puesta a disposición del tribunal de un apartamento adquirido en 1996. Y esto, a pesar de que las operaciones investigadas a la familia son posteriores, de 2003.

El precedente de la acción en Bruselas, en el salón ‘Loyola de Palacio’

                El ‘caso Kokorev’ provocó verdadera estupefacción entre los asistentes a la denuncia planteada en Bruselas hace unas semanas cuando llegó la intervención de Justino Obama, ex ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial y actual Consejero Presidencial.

Ante eurodiputados, notarios, expertos en derechos humanos y expertos en derecho humanitario o blanqueo de capitales, Obama señaló: “conocí a mediados de los noventa a Vladimir. Llegó a Guinea Ecuatorial y decidió quedarse a trabajar. Vivía en un barrio popular cuando mi país no era lo que hoy. Ayudaba a buscar combustible a la gente porque a veces no había ni luz en las casas (…) su empresa no tuvo nada que ver con el petróleo. Emprendió un camino más difícil, porque empezó a crear su estructura como emprendedor allí. Cuando no había carreteras, trajo camiones y autobuses de la antigua URSS, y ayudó a transportar mercancías de las zonas rurales a las más pobladas, para montar los mercadillos”.

En relación a la empresa Kalunga, objeto de instrucción por ser -según la jueza Ana Isabel de Vega- un mero instrumento fantasma usado para lavar 20 millones de euros a favor de Teodoro Obiang, Justino Obama certificó que el investigado “trajo un primer barco pequeño, trabajaba con la empresa Martínez Hermanos llevando cerveza o pescado. Él era un gestor (…) yo nací en una playa rocosa perdida, frente a Malabo, con unos islotes… hoy es una zona industrial, son unos astilleros en los que recibimos barcos de Camerún para ser reparados, y se construyen buques en esa plataforma… todo eso lo levantó la empresa de Vladimir Kokorev con sus socios locales”.

Vladimir Kokorev también facturó legalmente bienes de equipo a Guinea Ecuatorial

Esas palabras adquieren su verdadera dimensión hoy a la luz de los profusos anexos documentales que recoge la investigación impulsada por la magistrada de Vega y respaldada por el fiscal Luis del Río, y a los que ha accedido ‘Madrid Code’. En ellos se prueba no sólo las actividades profesionales y mercantiles legales de Kalunga Company (presentada reiteradamente como ‘compañía fantasma’) en el sector naviero, sino igualmente su desempeño, junto con el de otras empresas de Vladimir Kokorev, en la aportación de los denominados bienes de equipo y de transporte en general.

Así, el anexo 46 recoge, por ejemplo, factura para la exportación y el pago de un camión de alto tonelaje y una hormigonera desde Ucrania a Guinea Ecuatorial, operación gestionada por una de las empresas de Vladimir Kokorev. En otra amplísima colección de facturas y transferencias se acreditan no sólo los pagos y cobros efectuados para el mantenimiento de la actividad de las compañías sino su carácter sistemático con el paso de los meses y los años.

Factura para el pago de los seguros de los barcos Djibloho y Mikue a Kalunga.

Así, aparecen como es preceptivo facturas del seguro de los barcos Djibloho y Mikue, bajo, bajo la responsabilidad de Kalunga. De la misma manera, documentos para el encargo de un motor diesel para la mejora en el rendimiento del primero de los citados buques. En otros casos, lo que choca flagrantemente con la teoría de la ‘compañía sin actividad’, se emiten facturas al Ministerio de Defensa de la antigua colonia española por los sueldos de la tripulación, con firmas del capitán, tanto en el caso del Djibloho como del Mikue, con una detallada relación de gastos personales y materiales para el sostenimiento de la actividad y el mantenimiento de las rutas de transporte.

Factura para la instalación de un motor diésel en el buque Djibloho.

Los abogados de los Kokorev han acreditado ante el juzgado de instrucción nº5 de Las Palmas que, lejos de ser una empresa propiedad total o parcialmente de Teodoro Obiang, Kalunga Company es una sociedad constituida en Panamá con actividad relacionada con la marina mercante y el comercio internacional; y que bajo ningún concepto estaría actuando como matriz o sociedad interpuesta para canalizar cobros y pagos en un delito de blanqueo de capitales.

Factura al Ministerio de Defensa de Guinea Ecuatorial para el pago de salarios a la tripulación del buque Djibloho.

En un proceso que se extiende durante más de una década, y a la luz de los autos públicamente comunicados, no se han identificado aquellas operativas que pudieran constituirse en indicios sólidos capaces de sustentar la acusación jurídica. Ni en el sumario ni en los pronunciamientos del juzgado de instrucción o la Audiencia Provincial de Las Palmas se aprecian actividades económicas ficticias o simuladas como tampoco ganancias detectadas de actividades delictivas o criminales.

 

Factura al gobierno de Guinea Ecuatorial por la adquisición de repuestos y suministros para el buque Djibloho.

 

 

Factura por el mantenimiento sueldo y gastos de la tripulación asociados al barco Mikue.

14 noviembre, 2017

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