Marisa Páramo

                Con un expediente abierto en la Fiscalía General del Estado por presuntas dilaciones indebidas en el proceso que se sigue contra Vladimir Kokorev, el presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, a la denuncia que ha llegado hasta Julián Sánchez Melgar (emanada de la Unión Europea) se suman ahora dilaciones en las comisiones rogatorias a Guinea Ecutorial y Ucrania.

                Las instituciones comunitarias han puesto de relieve, en documento que tramita el Comité de Peticiones, que la instrucción por presunto blanqueo de 20 millones de euros es ya “dilatadísima” y que “no tiene trazas de concluir” en el Juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas. Ahora, según ha sabido ‘Madrid Code’, después de que las citadas comisiones se acordaran por la magistrada Ana Isabel de Vega el 8 de agosto de 2017, esas peticiones de auxilio judicial “no han llegado a su destino” y, aún más, “ni siquiera consta que hayan sido libradas”.

                Desde el entorno de la familia hispano-rusa, contra la que, estando en libertad, se ha dictado la insólita medida de prohibición de abandonar la isla de Gran Canaria, se están abordando medidas por la vía diplomática para “remediar tan injusta situación que está causando graves perjuicios a los justiciables”. En el caso de la comisión aprobada a la antigua colonia española, la propia Fiscalía General de Malabo ya ha comunicado a la justicia canaria, en documento oficial, que Vladimir Kokorev llevó a cabo durante años (1999-2003) actividades comerciales lícitas a través de su empresa naviera Kalunga Company.

En relación a la considerada por la justicia canaria una compañía fantasma, altos representantes de Guinea Ecuatorial han trasladado incluso en el Parlamento Europeo que el investigado “trajo un primer barco a Malabo, trabajaba con la empresa Martínez Hermanos llevando cerveza o pescado. Él era un gestor, desarrolló astilleros en los que recibimos barcos de Camerún para ser reparados, y se construyen buques en esa plataforma… todo eso lo levantó la empresa de Vladimir con sus socios locales”. El propio régimen de Malabo ha trasladado ya a la justicia española que , lejos del lavado de dinero, Kokorev “cobró legítimamente de unos contratos legales por unos trabajos realizados con un gobierno soberano. Nunca hubo problemas, por ninguna parte”.

Presunta corrupción y dilaciones indebidas: llueve sobre mojado

Las aparentes y nuevas dilaciones presuntamente indebidas en el proceso que se sigue contra el supuesto ‘hombre de paja’ de Teodoro Obiang afloran ahora vinculadas a un doble proceso por el que se pretende reclamar información y documentación adicional sobre la persona física de Vladimir Kokorev y su sociedad Kalunga.

La jurisprudencia establece que esta suerte de irregularidades (demora injustificada) en la tramitación del procedimiento judicial pueden constituir causa de atenuación de la responsabilidad criminal (en el caso del empresario jubilado y enfermo aún no hay auto de procesamiento), siempre que se acredite suficientemente que “las paralizaciones temporales del proceso han sido graves, de entidad considerable” y no imputables al acusado. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sanciona esta práctica en la que “la sustanciación del proceso se demora más allá de lo razonablemente tolerable”.

Catedráticos de Derecho Penal como Manuel Cobo del Rosal señalan que, en el campo de las dilaciones indebidas, nos topamos en el fondo con “casos que comprenden auténticos delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, y cuya técnica ya suele ser bastante conocida”; y que van contra lo expuesto en el artículo 24 de la Constitución española y el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La propia jurisprudencia en lo relativo a Comisones Rogatorias, según ha establecido el propio Tribunal Supremo, señala y fundamenta que estos procedimientos con frecuencia consumen años, y no exactamente porque tengan que “superar ciertas dificultades”, o porque “parte del retraso en el desarrollo se debiera a la actitud del acusado”, sino porque son “mal gestionados” y, por tanto, “no tendrían que haberse producido”.

El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que, ante este tipo de dilaciones como la que vuelve a afectar presuntamente al proceso contra Vladimir Kokorev, “hay que estar a las precisas circunstancias y vicisitudes del caso, con objeto de verificar en concreto si el tiempo consumido en el trámite puede considerarse justificado por la complejidad de la causa o por otros motivos que tengan que ver con ésta y no resulten imputables al órgano judicial”.

Los recientes casos en el ámbito político de corrupción, fraude fiscal y cuentas en paraísos fiscales, han hecho popular el instrumento jurídico de la comisión rogatoria, al convertirse en procesos en los que aparecen elementos transnacionales. En la investigación del ático en Estepona del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, una de las comisiones rogatorias superó el año y medio sin respuesta.