No es fácil explicar a la sociedad el papel del abogado, y su función social y en defensa de los engranajes más básicos del Estado de derecho. Menos aún en los casos de enorme impacto mediático en los que letrados del turno de oficio se ven impelidos a ejercer el derecho de defensa de violadores en serie, o de pederastas, o de presuntos criminales que han acabado con la vida de ‘El Pescaíto’ o de Diana Quer y que, dada la generosidad de la democracia, tienen derecho a disponer de una defensa, incluso de calidad.

Hay una circunstancia rotundamente adversa, un factor incluso de descreimiento acerca de la profesionalidad de quienes se ponen la toga para defender, por ejemplo, a ‘El Chicle’. Pero no siempre las mayorías están en posesión de la verdad. El trabajo del penalista es dificilísimo cuando es ejercido bajo presión y bajo la lupa de millones de personas, pero es imprescindible.

Más complicado aún cuando quienes lo llevan a cabo son jóvenes, profundamente vocacionales, con una altísima cualificación, y que tienen como patrocinados, a veces, a los peores delincuentes.

Hace ya unos años emergió desde la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid la figura del penalista Juan Gonzalo Ospina. Recientemente se ha convertido en diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y se está consolidando en el panorama de la abogacía (no sólo a nivel madrileño sino a nivel nacional) como ese letrado que no sólo hace, sino que explica. Que no sólo saca adelante casos semana tras semana (por citar) en los juzgados de Plaza de Castilla, sino que ha sabido entender la dimensión relevantísima que tienen las redes sociales para explicar a las nuevas audiencias la razón de ser de la Abogacía.

Defendiendo a eso que vulgarmente se conoce como ‘personas muy complicadas’, y sin ir más lejos, Ospina obtuvo hace pocos meses una sentencia de referencia: la absolución de sus clientes acordada por la Audiencia Provincial de Málaga, que determinó la nulidad en la instrucción realizada previamente por parte de los agentes, por vulnerar el derecho a la intimidad;el Tribunal tumbó las intervenciones telefónicas. En otros casos ha conseguido la absolución de individuos acusados de graves estafas. Y lo ha explicado.

El derecho de defensa es sagrado. La opinión pública debe ser perfectamente consciente de ello. Por eso es de vital importancia que de la Abogacía emerjan, de cuando en cuando, figuras que se vuelquen más allá de sus compañeros, de los clientes, incluso del mundo jurídico, en trasladar a miles y miles de espectadores u oyentes o lectores cada día la función imprescindible que llevan a cabo en salvaguarda de las esencias de nuestro sistema.

Alejandro Entrambasaguas