El grado de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones en general y hacia la Justicia en particular tiene muchas razones de ser. Está la cuestión ética, naturalmente. Pero, tal vez por encima de todo, la falta de eficacia. Y desde luego en la mejora de la administración de Justicia jueces y fiscales tienen mucho trabajo por delante, más allá de que los poderes políticos deban injerir menos en su trabajo y, por el contrario, aportar más medios materiales y humanos para agilizar los procesos.

La frase que encabeza el artículo es demoledora, enigmática, agresiva, cargada de veneno y de ira. Y tiene detrás una historia de película de serie B, por la conducta de algunos de sus protagonistas y la dirección lamentable de quienes tienen en sus manos la gestión del llamado ‘caso Kokorev’. La sentencia es de Ismael Gerli, un antiguo empleado panameño de Vladimir Kokorev, empresario hispano-ruso jubilado y enfermo tras pasar dos años y medio por la prisión canaria de Juan Grande, modo preventivo. ¿Por qué? Porque así lo estableció la justicia en Las Palmas de Gran Canaria: tanto la jueza Ana Isabel de Vega como el Fiscal Luis del Río. ¿Cuál es el motivo de fondo? Ha trascendido a lo largo y ancho de los medios de comunicación nacionales e internacionales en los tres últimos años: Kokorev está acusado de ser testaferro del líder de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y haber lavado supuestamente para éste (una de las mayores fortunas de jefes de Estado del mundo, según Forbes) la ‘astronómica’ cantidad de… 20 millones de euros.

La frase amenazadora y amenazante de Ismael Gerli adquiere mayor gravedad si, más allá de analizarse aisladamente, se contextualiza. Este antiguo empleado del ‘amigo’ canario de Obiang, durante meses, tras ser despedido por su jefe, comenzó a ‘filtrar/chivar’ a la policía de  Las Palmas (donde Vladimir Kokorev vivió durante años) los negocios aparentemente ilícitos del empresario, que se había dedicado durante años al sector naviero: la compra-venta de barcos, su mantenimiento y su reparación, junto a la aportación de bienes de equipo, al Estado ecuatoguineano, principalmente en el puerto de la capital Malabo

Cómo un amenazante testigo puede quedarse mudo

El citado Ismael Gerli es el principal testigo acusador de este estrambótico caso que se arrastra en los tribunales desde hace una década. Se ha negado a comparecer por videoconferencia (desde su país, Panamá) aportando nuevos datos a una investigación en la que se busca dilucidar el origen de los mencionados veinte millones de euros.

Tanto la jueza Ana Isabel de Vega como el fiscal Luis del Río ya tenían conocimiento de la relación extraprocesal que mantuvieron durante un largo tiempo a través de correos electrónicos Gerli y dos agentes policiales de la UDYCO canaria. También jueza y fiscal tienen conocimiento de la posición sobre este testigo fundamental de los abogados de Vladimir Kokorev: no habría ningún inconveniente en que compareciese si se abriera finalmente el juicio oral. Al contrario, los letrados tienen especial interés en interrogarle sobre aspectos esenciales de la instrucción y que subrayarían la inocencia de Kokorev.

Precisamente por eso no admiten que el testimonio de Gerli pueda llevarse a cabo antes del eventual juicio como ‘prueba preconstituida’, es decir, como prueba que no podría ser reproducida en el acto del juicio oral y que debería ser recogida de forma inminente. ¿Por qué las prisas? Si este testimonio sólo estuviese dispuesto a comparecer en estos términos, esto significaría que casi con total seguridad desaparecería del procedimiento en adelante. Y por tanto no podría ser interrogado en el hipotético juicio sobre los mencionados tejemanejes con la policía canaria, de los que apenas ha trascendido una brizna.

Las indescifrables motivaciones de un proceso arrastrado durante dos lustros

Pero hay más: ¿por qué la fiscalía anticorrupción canaria sigue sin pronunciarse después de un mes y medio sobre un informe pericial que acredita la manipulación por parte de la UDYCO de material informático usado para acusar a Vladimir Kokorev? Hay numerosos aspectos insólitos. En los mensajes enviados por el testigo hoy mudo (y en su día asesor de Vladimir Kokorev) a su antiguo jefe, le reclama en tono agresivo dinero a “los rusos”. En algunos correos hay amenazas brutales y… les avisa de que “tienen mucho que perder”.

No sólo eso: les declara “la guerra” a Vladimir y su familia, les chantajea asegurando que si no se le abona un finiquito “estaré formalmente enviando lo que tengo”, en referencia a documentación que pondría en manos de la UDYCO canaria. Pero hay más: en otros envíos cambia el chip y habla de intentar llegar a “un entendimiento razonable para todos”.

El caso es que jueza y fiscal tienen conocimiento de las esquizofrénicas maniobras realizadas por este testigo hace tres años, y aún así se le sigue considerando en la instrucción… una pieza clave sin la que el proceso correría serio riesgo de demolición en algunos de sus pilares y vigas maestras. No es todo en esta cinta -lo dicho- de serie B: mientras ninguno de los presuntos ecuatoguineanos que habría ayuda a Kokorev a sacar dinero de la antigua colonia española con destino a España está siendo investigado (se ha concluido que no hay causa contra ellos), en las últimas horas ha trascendido que el letrado que dirige la acusación contra Kokorev, Manuel Ollé Sesé, acaba de asumir la defensa del experto informático Hervé Falciani, el ex empleado del banco suizo HSBC detenido por la Policía Nacional la semana pasada para su extradición a Suiza en virtud de la orden de detención y entrega.

Informes que duermen el sueño de los justos… en los cajones

Hay procesos que huelen, y éste es uno de ellos. En los próximos días el fiscal Luis del Río deberá informar sobre las trazas de “manipulación policial” en la investigación. Porque hasta hoy no ha parecido quemarle en la mesa o el cajón el informe que acredita que en dispositivos informáticos, que supuestamente recogerían pruebas contra el presunto hombre de paja del líder de Guinea Ecuatorial en España, hay “evidencias de manipulación por parte de la policía (con creación, borrado y modificación de archivos)”.

El trasluz de la historia no puede ser más desasosegante. Esos agentes policiales, presuntamente, habrían incurrido en “un delito de falsedad en documento y de un delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 413 del Código Penal”. ¿Hasta cuándo los actores de esta película (protagonistas y de reparto) actuarán poniendo en la picota, por enésima vez, la malherida reputación de la administración de Justicia en España, en este caso desde el archipiélago canario? Europa tramita una cadena de denuncias procedentes de múltiples frentes… y vigila estrechamente el proceso.

Luis R. Díaz