Catorce años de investigación contra el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, el hispano-ruso Vladimir Kokorev, no parecen estar dando aún sus frutos. El investigado, recluido en las Palmas de Gran Canaria cautelarmente a espera de que se cierre la instrucción, está viendo cómo se siguen impulsando comisiones rogatorias (la última a Dinamarca) para esclarecer el destino que se dio a los veinte millones de euros que el juzgado de instrucción número 5 de Las Palmas entiende que se lavaron procedentes de Guinea Ecuatorial.

Pero la instrucción ya no se dirige a ese dinero inicial, que las defensas del empresario han justificado con contratos y facturas. El magistrado de la Audiencia Provincial, Emilio Moya deberá pronunciarse ahora sobre si son válidas o no las peticiones de auxilio internacional (se pide ‘más material’ contra Kokorev), en la medida en que las defensas del empresario, ya jubilado y con continuos pasos por el cardiólogo tras ser operado a corazón abierto, plantean que se están llevando a cabo estas acciones en base a material policial ilícito, denunciado por estar manipulado.

Catorce años después no se va contra Vladimir Kokorev como persona, sino que se pone el foco en empresas terceras que durante años suministraron bienes de equipo al régimen de Obiang, lo que las defensas del naviero califican de “salto definitivamente prospectivo en la investigación”, con un “daño moral producido año tras año, al que se suma el económico representado en el embargo de todos los bienes familiares”.

La gravedad de los hechos recae en que la jueza, en una decisión a depurar por el magistrado Moya, ha recurrido a información que ya se ha verificado en sede judicial como manipulada: son archivos contenidos en diversos dispositivos informáticos incautados a Kokorev (en sus domicilios de Madrid y Las Palmas) que la propia UDYCO canaria (denunciada por sus procedimientos irregulares para investigar en el propio Parlamento Europeo hace ya más de un año) reconoció ante la jueza haber manipulado: creando ficheros, borrando otros y alterando terceros: “desde un juzgado es anómalo que se puedan remitir peticiones de ayuda mutua internacional a otros países sin verificar su contenido y aunque ese sea falso”, dice el letrado Antonio José García Cabrera, representando a la esposa de Kokorev.

 

 

El problema de introducir ‘pruebas ilícitas’ en el juicio

Hasta hoy, la jueza De Vega ha solicitado decenas de comisiones rogatorias por todo el mundo copiando y pegando los oficios policiales en sus autos, sin verificar su contenido. Las defensas de Kokorev, que el mes pasado ha disfrutado de su primer permiso para salir de Canarias y someterse a una revisión médica, preparan el terreno para una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En los últimos días, el magistrado Pablo Ruz, instructor del caso Bárcenas o Gürtel ha señalado en relación a las ‘pruebas nulas o ilícitas’, que si bien la doctrina tradicional del Constitucional reservaba el planteamiento de la nulidad de las pruebas por vulneración de derechos fundamentales a la fase del juicio oral, hoy se sigue solicitando también en la instrucción a través de la vía de la nulidad de los actos procesales, en alusión a la ilicitud de alguna de las pruebas obtenidas.