Se amontonan estos días los juicios por casos flagrantes de corrupción que salpican presuntamente a las instituciones (Instituto Noos-Urdangarín) y otros por casos que generaron una formidable alarma social (Madrid Arena-Miguel Ángel Flores). Pero la Justicia sigue su curso y conviene escrutarla sin tregua y con celo, porque es uno de los pilares centrales del Estado democrático de Derecho.

Sorprende en este sentido la deriva del presentado hace años, aisladamente por algún medio de comunicación, como el ‘caso Kokorev’. Ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de las Palmas se sigue un proceso contra quienes algunas personas han definido como los testaferros del ‘clan Obiang’ en España: Vladimir Kokorev, su esposa Yulia y su hijo Igor, amén de varias personas más que prestaron servicios legales o financieros para los primeros.

El proceso se inicia en 2009, tras una querella presentada por una organización de Derechos Humanos, aparentemente amparada por una fundación del inversor de origen húngaro George Soros. Una iniciativa, a bote pronto, rocambolesca.

Más si cabe considerando que la acusación parte de un informe del Senado de Estados Unidos de 2004 que indica que, a raíz de la falta de colaboración de las autoridades españolas, no pueden estar seguros de si la empresa panameña Kalunga (que había recibido pagos por valor de más de 26 millones de dólares hasta 2003) no está controlada por el Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. ¿Se estaba rayando la ‘presunción de culpabilidad’?

El hecho es que la duda surge del traspaso de esos fondos a una cuenta abierta en una sucursal en Las Palmas del Santander, y la falta de información prestada por el banco respecto a los beneficiarios de Kalunga, gestionada por Vladimir Kokorev.

A raíz de lo anterior se empieza a señalar al señor Kokorev, y más tarde a su familia, como “testaferros” del ‘clan Obiang’. Por supuesto, no se considera que ‘el señalado’ ha estado trabajando en el negocio marítimo en África occidental durante años; y que las transferencias obedecen a la venta de material de transporte (tales como barcos y camiones), suministrados por la propia Kalunga al Estado ecuatoguineano.

Pero la causa salta a los medios de comunicación en 2009. El señor Kokorev intenta personarse para aclarar cuanto necesite ser aclarado, y el Juzgado no lo permite. Y desde esa ya lejana fecha hasta mediados de 2015, la causa no se dirige contra los Kokorev.

El giro (¿inesperado?) se produce el pasado verano, cuando son detenidos en Panamá y trasladados a Las Palmas, donde son puestos en prisión provisional sin fianza estando la causa secreta, y por lo tanto, sin saber por qué después de más de 6 años se les ha detenido.

Así que ‘la familia’ ingresa en la cárcel con presuntas pruebas a día de hoy (¡han pasado seis años!) secretas. ¿Por qué? Según los investigadores, porque ‘se escaparon’ de España en 2012. ¿Qué forma de fuga es la que utiliza Vladimir Kokorev y su familia cuando se domicilian en el consulado español en Panamá en 2013, y cuando viajan con asiduidad a España hasta justo antes de su detención? ¿Pretenden evitar una detención al encontrarse en busca y captura? En absoluto. Porque evidentemente no lo están.

La cuestión es que, en un Estado democrático de Derecho, la Justicia debe ser fiable, garantista, y no sembrar en la opinión pública la más mínima duda de arbitrariedad o discrecionalidad en los procedimientos. Y es imposible saber por qué, tras tantos años, el proceso se ha reactivado; o qué sentido tiene perseguir a los supuestos testaferros de unos señores a los que se les pone la alfombra roja, como se le pone a los dirigentes ecuatoguineanos, cuando pisan España para firmar acuerdos comerciales o de otra índole con nuestras autoridades.

Y aún así, una duda quizá no menor queda. ¿Qué se esconde tras el secreto que el Juzgado aún no ha alzado que justifica que se hayan llevado a cabo múltiples detenciones en las Palmas? ¿Qué ramificaciones puede tener “resucitar” una causa de contenido marcadamente político justo en este momento? Ojalá se despejen algunas de estas significativas X lo antes posible. Precisamente para que la Justicia impere como debe.