Los autodenominados ‘nuevos partidos’ siempre han pregonado a los cuatro vientos que su principal lucha iba a ser combatir la corrupción que, a su juicio, es inherente a Partido Popular y Partido Socialista.

Sin embargo, parece que no es oro todo lo que reluce. En el marco de las negociaciones de cara a una hipotética investidura de Pedro Sánchez, tanto Ciudadanos como los socialistas casi han acordado que investigados (antes imputados) y procesados abandonen los cargos públicos que ocupen y no puedan presentarse en listas electorales.

No obstante, el diputado de la formación de Albert Rivera Miguel Gutiérrez ha avisado que a la hora de pedir responsabilidades a investigados, puede haber «alguna salvedad«.

En otras palabras, se verá «caso por caso» antes de pedri dimisiones. Esta regeneración ‘a la carta’ de Ciudadanos viene a cuenta del secretario general del Partido Socialista de Galicia (PSdeG) y futuro candidato a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, que está investigado por cuatro delitos.

Además, el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, también está en una complicada situación judicial.

Llama poderosamente que el discurso combativo de Ciudadanos ante la mala praxis en política se haya diluído a la primera de cambio, a la par que se muestra inflexible en su ‘no’ a Rajoy por, según el propio Rivera, haber consentido la corrupción en Génova.

Esta no ha sido la primera contradicción del partido naranja en las últimas semanas. En el acuerdo con PSOE y PP para que Patxi López presidiese el Congreso de los Diputados, Rivera aseguró que la postura de su partido era que quien presidiese la Cámara Baja no lo hiciese en el Gobierno, algo que no están llevando a cabo.