Valencia sigue siendo, junto a Palma de Mallorca y Madrid, epicentro de la actualidad mediática en cuanto a lo que presunta corrupción se refiere.

En este caso, vuelve a serlo porque el juzgado de instrucción número 18 de la ciudad, encargado de llevar la denominada operación Taula, ha preguntado al Senado si la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es aforada.

Suena curioso, ya que resulta obvio que sí lo es. Sin embargo, se trata de un trámite procesal común y ordinario que se lleva a cabo a la hora de proceder a investigar (imputar en la anterior Ley de Enjuiciamiento Criminal) a alguna persona aforada a nivel nacional (judicatura, diputados y senadores).

El suplicatorio, que así se llama el trámite, ha sido estudiado por la Mesa de la Cámara Alta. Aunque en dicho organismo tiene mayoría absoluta el Partido Popular, no hubo sorpresas al respecto.

Como la respuesta fue afirmativa, la causa irá a parar directamente al Tribunal Supremo, que, si lo estima oportuno, llamará a prestar declaración a la que ha sido alcaldesa de Valencia durante 24 años.

Precisamente sobre Barberá, el expresidente valenciano Francisco Camps salió este lunes en defensa de su compañera de partido. De hecho, puso «la mano en el fuego» por ella asegurando que «no se ha llevado ni un paquete de rosquilletas«.

Camps también se mostró firme a la hora de negar cualquier enriquecimiento ilícito de Barberá: «Vive en un piso de alquiler y tiene un coche de hace doscientos años«, afirmó.