El pacto que ayer escenificaron el secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no sirve para nada. Contundente pero aritméticamente impepinable.

Además de los puntos económicos y de supuesta regeneración institucional, cabe destacar el epígrafe del Estado del Bienestar.

En el final de éste, socialistas y naranjas hacen una clara apuesta por la llamada ‘cultura de la muerte’. Así, en lo referente a la «interrupción voluntaria del embarazo» (eufemismo de aborto), el pacto señala: «Ambas organizaciones defienden la Ley de plazos«.

En otras palabras, tanto Sánchez como Rivera se autoconsagran la potestad pra decir qué feto es humano y cuál no lo es, en contraposición de la mayoría de asociaciones médicas, que otorgan «vida» a cualquier feto, independientemente de las semanas de gestación que tenga.

Por si fuera poco, el acuerdo señala que el PSOE «se reserva la posibilidad de impulsar la reforma de la Ley del aborto en relación con las jóvenes de 16 y 17 años«. Es decir, que si a Sánchez se le antoja, las adolescentes podrán abortar sin consentimiento ni conocimiento de sus padres.

Siguiendo en esta línea, ambos partidos se comprometen a impulsar una «ley de muerte digna«, o dicho de otra manera, legalizar la eutanasia.

En cuanto a la religión, Sánchez y Rivera han firmado la tramitación de una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia.

En su explicación, se detalla que en ésta se establecerá «un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas«. Para ello, continua el texto, «se revisarán los Acuerdos con la Santa Sede«.

Llama poderosamente la atención este punto, pues la Carta Magna estipula en su artículo 16.3 que los poderes públicos «tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

Por tanto, queda más que claro que tanto socialistas como Ciudadanos abogan por la ‘cultura de la muerte’ y por la laicidad del Estado. También queda claro que ninguno de éstos son los principales problemas que preocupan a los españoles.