Todo comienza con una querella criminal de 2008 de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España contra miembros del gobierno de Guinea Ecuatorial por el gran volumen de fondos que manejan. Y concluye, provisionalmente, hoy mismo, con los ciudadanos de origen ruso y nacionalidad española, Vladimir Kokorev, su esposa Julia y su hijo Igor en prisión en las Islas Canarias. Pero el calvario seguirá mañana, porque la salida de la cárcel sí se la espera, pero sigue sin estar.

La familia denuncia la situación de indefensión en la que se encuentra dada la decisión de la magistrada Ana Isabel de Vega Serrano de mantener la causa secreta, a la expectativa de encontrar las pruebas necesarias que inculpen a los investigados en un futuro y eventual juicio.

Ocho años después de la interposición de la querella, y casi 8 meses después de que se produjera la detención de toda la familia -a cuyos miembros se les ha mantenido todo este tiempo en prisiones separadas en Las Palmas- la investigación sigue bajo secreto.

Precisamente fuentes cercanas a la familia subrayan que los hoy detenidos ni siquiera aparecen en la mencionada querella inicial y, según se desprende de los sucesivos autos de prorrogas del secreto, tampoco aparecían como investigados en la causa hasta su repentina detención.

“Lo único de lo que disponemos son los indicios que han ido apareciendo en la prensa lo largo de los años, debido a una probable filtración del propio juzgado. Son fácilmente desmontables con la documentación sobre las actividades comerciales de Vladimir. Él ya se había dirigido al propio juzgado en el año 2009 con el objetivo de desmentir las informaciones falsas que habían ido apareciendo. Pero su personación fue denegada por aquel entonces por la jueza instructora, que ha preferido decretar una medida -a nuestro parecer, alto desproporcionada- de poner en prisión tanto a Vladimir como a su mujer e hijo, en vez de recabar información de ellos, que habrían suministrado con gusto”.

Pero siendo de difícil encaje jurídico la privación de libertad a Vladimir y Julia, el caso de su hijo Igor adquiere una dimensión distinta. De su orden de arresto se desprende que se le acusa, junto a sus padres, de ejercer de testaferro y haber perpetrado blanqueo de capitales al recibir su sociedad Kalunga más de 26 millones de dólares en dieciséis transferencias de la banca guineana (entre junio de 2000 y diciembre de 2003).

Se da la circunstancia de que Igor, en el momento de la primera tiene 17 años de edad y, por consiguiente, es menor. Es más, se encuentra cursando el primer año de la licenciatura en Derecho y la diplomatura de Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid: no tiene ni participación ni conocimiento de las citadas transferencias que recibe su padre, fruto de su acreditada y muy dilatada actividad empresarial (esencialmente en el negocio marítimo y el transporte) en la antigua colonia española.

A la luz de este singular -prácticamente kafkiano- proceso, y de algunos elementos novedosos aparecidos como resultado de la filtración de los denominados ‘papeles de Panamá’, también cabe preguntarse si necesita Teodoro Obiang constituir sociedades con testaferros de origen ruso, cuando cuenta con un ‘ejército’ de ciudadanos caribeños que pueden desempeñar ese papel.

Es más, el propio Obiang aparece en los mencionados ‘papeles de Panamá’ con su propia sociedad (International Trade Development SA) constituida con anterioridad al inicio de las transferencias sospechosas a Kalunga y con la que puede haber operado con entera libertad, sin necesidad de testaferros de ninguna clase.