Cuando se cumplen ocho meses de la detención de Vladimir Kokorev, su esposa Julia y su hijo Igor -acusados de ejercer de testaferros y perpetrar blanqueo de capitales a través de su sociedad Kalunga-, el caso de estos ciudadanos españoles de origen ruso puede dar un giro.

El Ministerio Fiscal de Guinea Ecuatorial en escrito de 12 de febrero de 2016, a través de la Fiscal General ha confirmado en documento oficial a los abogados de la familia Kokorev y “a todos los interesados” en un proceso de tintes kafkianos, que entre 1999 y 2003 el gobierno de Malabo mantuvo relaciones comerciales con la mercantil Kalunga, siendo máximo responsable de la misma Vladimir Kokorev.

Tal como acredita el escrito, Kalunga Company SA suministró al Gobierno de Guinea Ecuatorial, entre otros bienes, un buque de transporte marítimo, concretamente el Djibloho, por un importe de 12.950.000 dólares. Así consta en contrato de 11 de septiembre de 1999 que obra en poder de la magistrada Ana Isabel de Vega Serrano. Ese contrato, pagado en tres plazos, se acredita con otras tantas transferencias realizadas desde el Banco Riggs a Kalunga.

Igualmente, las autoridades de Guinea Ecuatorial certifican, con comprobantes de pago incluidos, que Kalunga suministró a la antigua colonia española (además del citado buque) dos helicópteros, dos embarcaciones tipo Kalkan, dos embarcaciones tipo Kafa o materiales para el Ministerio de Obras Públicas, entre otros. No sólo eso: la Fiscalía General ratifica igualmente que Kalunga aportaba “la tripulación necesaria para su operación”.

Este conjunto de pruebas choca con la colección de indicios que ha ido apareciendo en la prensa a lo largo de los años, debido a una posible filtración del propio juzgado. Según esas informaciones, Kalunga era una compañía “sin actividad comercial ni de ninguna otra índole”, y que se limitaba a recibir múltiples transferencias millonarias de una cuenta oficial del Estado soberano de Guinea Ecuatorial, siendo éstas las que quedan ahora justificadas como pagos lícitos por la documentación remitida desde Malabo.

Fuentes cercanas a la familia Kokorev añaden que en poder del juzgado -que mantiene secreta una causa de una investigación que arrancó en 2008- obran igualmente pruebas adicionales de que Vladimir Kokorev se dedicó durante más de veinte años al negocio marítimo y comercial en África; que lo hizo mediante la inversión y explotación de materiales como camiones, autobuses o barcos de cabotaje; que se introdujo en el negocio del pescado congelado mediante su compra directa en alta mar a las compañías ex soviéticas que pescaban en las costas de Marruecos y Mauritania y tenían su baste técnica en Las Palmas; o que desde 1998 comenzó a realizar operaciones a través de Kalunga Company SA.

A pesar de las evidencias en poder del Juzgado, la magistrada De Vega Serrano, que atiende a la petición fiscal de Luis del Río Montesdeoca, mantiene en prisión provisional sin fianza no solamente a Vladimir Kokorev, sino también a su mujer Yulia, de 64 años de edad, y a su hijo Igor Kokorev (quien habría sido menor de edad en el tiempo en el que se formalizó la relación entre Kalunga y el gobierno de Guinea).

En todo este tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas no ha presentado ni una sola prueba en la que se basa para mantener el cautiverio de toda una familia, amparándose en el “secreto de las investigaciones”.