A pesar de que el Ministerio Fiscal de Guinea Ecuatorial ha confirmado en documento oficial que entre 1999 y 2003 el gobierno de la ex colonia española mantuvo relaciones comerciales con la sociedad Kalunga (propiedad de Vladimir Kokorev), la juez Ana Isabel de Vega sigue manteniendo el secreto de la investigación y la prisión sin fianza para la familia (Vladimir, su mujer Julia y su hijo Igor).

Se cumplen, en las Islas Canarias, nueve meses de pesadilla para estos españoles de origen ruso. Y aún así, las pruebas en manos del juzgado que justifican (incluidos comprobantes de pago) la actividad de la mercantil investigada se multiplican y diversifican. Algunas especialmente llamativas, por tratarse según el fiscal Luis del Río de una compañía “sin actividad comercial ni de ninguna otra índole”.

Es el caso de los testimonios de la mano de obra de Kalunga. El concreto, el capitán del buque Río Mbini, Sergei Melnikov ratifica en documento (con traducción jurada que obra en poder de la magistrada De Vega) que trabajó, junto a centenares de marineros de Ucrania, Rusia, Letonia y Lituania para Vladimir Kokorev.

Los detalles de este responsable de la tripulación de Kalunga son profusos, en el sentido de que: 1) el Río Mbini, de Kalunga, se dedicaba al cabotaje, principalmente en los puertos de Duala en Camerún, y Bata y Malabo en Guinea Ecuatorial; 2) en los expedientes de todos los marineros miembros de la tripulación constaba el nombre de Kalunga como su lugar de trabajo; 3) “la administración y el mantenimiento técnico” de otros barcos como Motu Oveng y el Katya también se realizaban a través de Kalunga.

La descripción de la misión y las actividades profesionales que guiaba, ejecutaba y controlaba el capitán Melnikov no se detienen ahí. Por ejemplo, añade en esa carta reproducida por el Consulado Honorario de la Federación Rusa en Guinea Ecuatorial que, en la medida en que la excolonia española “no disponía todavía de las instalaciones para el mantenimiento de los barcos”, el funcionamiento de los que explotaba Hermanos Martínez “en las condiciones difíciles del clima tropical y en África, lejos de las bases de abastecimiento técnico, fue viable precisamente gracias a la compañía administrada por Vladimir Kokorev”.

La misiva de Melnikov, que echaba por tierra que Kalunga era sólo un fantasma existente en el papel se acompañó ya en 2012 de las quejas del capitán respecto de las informaciones publicadas por medios como El País: ningún periodista español había hecho el menor amago de ponerse en contacto con la tripulación para conocer su quehacer diario, y comprobar lo que ya hace cuatro años consideraba un sinsentido.

Tampoco se había ponderado por parte de la prensa española que “en un momento difícil, justo después de la desaparición de las grandes compañías de transporte que existían en la URSS, cuando miles de marineros no tenían trabajo, Kokorev proporcionó sustento para cientos de nosotros”. 

La tesis inculpatoria del fiscal Del Río (Kalunga como “empresa fantasma”) se resiente a la luz de este testigo. Melnikov certifica, por ejemplo, que: a) bajo la bandera de Kalunga navegaban dos barcos pequeños de refrigeración, el Bata y el Malabo, que durante varios años “descargaban pescado para la empresa Hermanos Martínez”; b) el principal destino de los marineros era Angola, “donde cargábamos el pescado en alta mar desde barcos de pesca y la descargábamos en tierra en el puerto de Luanda”; c) aproximadamente cada tres-cuatro meses se efectuaba la descarga del pescado de Angola a Hermanos Martínez en los puertos de Bata y Malabo; y d) el agente comercial de referencia de los citados clientes de Kalunga era Marcial Arroyo, que cuando los barcos entraban en el puerto de Las Palmas procuraba dotarles de provisiones, encargadas a través de Kalunga.

A la vista de las pruebas presentadas por la defensa de los Kokorev, cabe preguntarse, ¿cuál es el criterio mantenido por la magistrada Ana Isabel de Vega para mantener tanto el secreto del caso, como la situación de prisión provisional del propio empresario, como de su mujer y su hijo? ¿Qué excepcionales circunstancias deben darse en un Estado de derecho para que una familia entera lleve casi un año en prisión, desconociendo de qué se les acusa, ni bajo qué pruebas y -aún más- abundando pruebas de su inocencia?