Cuando la pesadilla de los Kokorev (Vladimir, Julia, y su hijo Igor) va camino de los diez meses, afloran nuevos interrogantes sobre la conducción del proceso y sobre algunas decisiones que han provocado que esta familia española de origen ruso siga en prisión. Como es sabido, por el momento sin posibilidad de fianza y con el secreto de la investigación decretado y sostenido en el tiempo por la magistrada Ana Isabel de Vega con la cobertura del fiscal Luis del Río Montesdeoca.

Así, la querella inicial de la Asociación Pro Derechos Humanos que data de 2008 -y que está en el origen del proceso- se vale como sustento de una traducción errónea de la investigación que inicialmente pretende alcanzar ‘al clan de Teodoro Obiang’.

Aquella querella versaba sobre la ocultación de cantidades (26,5 millones de dólares), provenientes de la cuenta de petróleo de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs a favor de Kalunga Company. Esta sociedad se da por hecho que estaría controlada por el mencionado clan de Obiang, que habría utilizado como testaferros a la familia española. Ello a pesar de que, como ha revelado Madrid Code -y han recogido otros medios nacionales e internacionales-, los auténticos titulares de la cuenta eran los Kokorev, y las transferencias provenían de diferentes ventas de suministros y servicios prestados año tras año (con todas las formalidades pertinentes) al gobierno guineano.

¿A qué se debe entonces la creencia de que el propietario de Kalunga podría ser Obiang? Lo señala el propio informe del Senado, que aborda la negativa del Banco de Santander a revelar el nombre de los beneficiarios de la cuenta de la empresa, dadas las leyes españolas en materia de divulgación de información bancaria.

Es exactamente este choque, que nada tiene que ver con el procedimiento, el que alimenta las sospechas y al mismo tiempo evidencia que tras el informe hay otras finalidades y preocupaciones: concretamente, la actitud de ciertas entidades financieras de no facilitar información a través de sus filiales establecidas en suelo norteamericano, y esto en el marco de la implementación de la legislación contra el blanqueo de capitales reforzada sustancialmente tras el 11S.

Quizá sea una casualidad que la Asociación Pro Derechos Humanos de España -entonces presidida por Manuel Ollé Sesé, abogado acompañado en algunos procesos similares al que nos ocupa por Baltasar Garzón-, emprendiese una acción que inicialmente recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, ‘el de Garzón’.

Pero poco tiene que ver con la mencionada asociación fundase la querella en una traducción torticera y, por tanto, en la tergiversación del documento del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos de 2004, que es la base de la misma.

En el final de la página 12 y el principio de la 13 de la citada querella se afirma: “especialmente importante es que el Subcomité del Senado de Estados Unidos señala que la sociedad anónima Kalunga Company S.A. es total o parcialmente propiedad del Presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema”.

Sin embargo, en la página 6 del informe del Senado se afirma, de forma literal: “estas cuentas incluían, por ejemplo, las cuentas abiertas a nombre del Apexside Trading Ltd. y Kalunga Co. S.A. Al menos una de ellas el Subcomité tiene razones para creer que pueden ser propiedad en su totalidad o en parte del Presidente de Guinea Ecuatorial”.

Pero no sólo la traducción es torticera. Es que ya de por sí el propio documento de trabajo del órgano legislativo estadounidense también adolece de graves errores al afirmar, en su página 54, que la mercantil panameña Kalunga Company es una sociedad de Guinea Ecuatorial: “A lo largo de tres años y medio, entre junio de 2000 y diciembre de 2003, se efectuaron dieciséis transferencias bancarias desde la cuenta de petróleo de Guinea Ecuatorial a Kalunga Company S.A., una sociedad de Guinea Ecuatorial, por un total de más de $ 26,5 millones”.

Dado que estos elementos son debidamente conocidos por la magistrada y por Fiscalía, se multiplican las dudas acerca de las razones por las que el Juzgado mantiene el secreto sobre sus actuaciones. Y aparecen demasiados y muy razonables interrogantes sobre las causas por las que se sigue prolongando la prisión provisional para esta familia española.

Lo que es una realidad es la irrupción en el caso como testigo fundamental de un ex abogado de los Kokorev, Ismael Gerli, que según denuncia el entorno de la familia habría perpetrado un catálogo de actividades delictivas -incluidas estafas, amenazas y extorsión- que tendrían como víctimas a sus anteriores mandantes.