El Ayuntamiento de Madrid considera que la amenaza lanzada por el Gobierno central en funciones sobre la anulación de la antigua Operación Chamartín «no tiene base jurídica». Así, en el equipo de Manuela Carmena pronostican que, de materializarse la apertura de un pleito, éste no prosperaría en los tribunales.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha recibido esta semana una carta firmada por altos cargos del Ministerio de Fomento, Adif y Renfe en la que le advierten que se reservan el derecho a emprender las acciones legales pertinentes por «daños y perjuicios» si no reconsidera el rescate del plan enterrado definitivamente el miércoles por el Pleno municipal. El no acatamiento de esta advertencia podría suponer la interposición de una demanda por valor de 700 millones de euros.

En el Ayuntamiento de la capital apuntan que los servicios jurídicos municipales «han supervisado todo el procedimiento» y que del mismo no se desprende que tengan que asumir una indemnización por las obras ya terminadas o en ejecución acordadas antes de la llegada de Ahora Madrid al Palacio de Cibeles, como el túnel de conexión entre las estaciones de Chamartín y de Atocha. Asimismo, muestran su «sorpresa» por el hecho de que las administraciones implicadas en esta actuación urbanística «no hayan tenido tiempo en 23 años para ratificar su propio convenio de colaboración»ni cuando en todas ellas gobernaba el PP.

«Ahora que nosotros hemos puesto en marcha otro proyecto para la zona están tratando de ponernos obstáculos», aseguran en el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, que ha presentado un plan alternativo que reduce de 17.700 a 4.600 las viviendas que podrían construirse y recorta también la superficie destinada a comercios y oficinas.