Durante las sucesivas campañas electorales que se han producido en España desde los comicios europeos de mayo de 2014, el por aquel entonces emergente y hoy consolidado Podemos como las distintas coaliciones en que se ha apoyado se han mostrado en todo momento como los adalides de la libertad y la regeneración. Algo parecido a como si la política, el buen hacer y la democracia no existiesen hasta a Pablo Iglesias se le ocurriera crear el partido magenta. Se apoyaban en la palabra «cambio«.

Sin embargo, hoy en día, cuando gobiernan o gestionan numerosas comunidades autónomas y capitanean los principales ayuntamientos del país, se observa con total nitidez que dicho cambio, ni mucho menos, ha ido en la dirección de mejorar la vida pública.

Todo lo contrario. En grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Santiago o Cádiz la mala gestión se ha visto complementada por una lucha sin cuartel contra las libertades en distintos campos.

Los dos últimos casos han tenido lugar en la Comunidad Valenciana. Allí, la consellera de Sanidad, Carmen Moltó, anunció hace un par de días que los alumnos que cursen estudios universitarios de Ciencias de la Salud en centros privados no podrán hacer prácticas en hospitales ni centros de salud de carácter público. Tan crudo como real.

Pero este ataque a la libertad educativa  no es el único que preocupa a los valencianos. En la misma línea que Moltó, el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), en todo momento se ha caracterizado por lanzar una cruzada sin precedentes contra la educación concertada.

De hecho, los conciertos y becas para esta opción tan legítima como otra se han visto drásticamente reducidos desde que Compromís ejerce esas competencias y muchos centros empiezan a asimilar que su futuro es más bien negro.

Tan es así que casi 50.000 personas abarrotaron el pasado domingo la plaza de la Virgen de Valencia con tal de reclamar y reivindicar la libertad de elección de centro.

El capítulo valenciano culmina con la eliminación del distrito único en cada ciudad a la hora de elegir colegio. De este modo, los padres no podrán elegir dónde quieren que estudien sus hijos y se verán obligados a apuntarlos en el centro del barrio en que viven.

En otras ciudades podemitas el panorama tampoco es muy alentador.

En Madrid, por ejemplo, la alcaldesa, Manuela Carmena, se marcó como prioridad la aplicación más sectaria la ley de Memoria Histórica, ha reducido la libertad de comercio con ataques a la hostelería, a la par que ninguneó la celebración de la Navidad en la capital, poniendo un belén sin motivos religiosos y con una Cabalgata de Reyes más propia de Carnaval.

Por no hacer interminable este texto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la tomó contra cuatro sectores. El primero también fue la religión. En este caso, quiso que los barceloneses celebrasen el solsticio de invierno frente a la Navidad y organizó un evento con un Padre Nuestro obscenso y blasfemo.

La Monarquía también se ha topado con Colau. Su primera medida fue quitar el busto del Rey Emérito del Salón de Plenos municipal sin ser sustituido por ningún otro, a la par que hace unas semanas quitó el nombre a la plaza Juan Carlos I.

Por útimo, el españolismo no coincide mucho con Colau. Con motivo de la Eurocopa de fútbol, la edil se mostró en contra de instalar pantallas gigantes para que sus ciudadanos pudiesen ver los partidos de la Selección Española.

La excusa fue que harían mucho ruido y perturbarían a los vecinos. Unos vecinos que, sin embargo, no hay ninguno en los barrios propuestos.

Además, parece que Colau no tiene mucha memoria, pues para su investidura sí instaló esas pantallas, para que sus votantes observasen orgullosos el ascenso de una mujer sin formación a la alcaldía de una ciudad como Barcelona.