Al grito de «¡Ayuntamiento, prevaricación!», tres centenares de socios de la cooperativa Residencial Metropolitan se han manifestado esta semana junto al Palacio de Cibeles, sede del Consistorio de Madrid, para pedir al Gobierno municipal que no lastre el proyecto residencial planeado sobre las antiguas cocheras de Metro de Madrid, junto a la Glorieta de Cuatro Caminos.

Los cooperativistas ya han adelantado 44 millones de euros, lo que deriva en una situación de asfixia económica, además de en una sensación de inseguridad respecto a su futuro. Es el caso de Fátima Feijoo, que espera poder vivir en la vivienda por la que ya ha pagado lo que la media de los cooperativistas (100.000 euros) y que califica la situación «como un juego»; o Carmen García, que ya ha abonado junto a su marido 200.000 euros y se ve obligada a vivir con sus dos hijos en una vivienda de sus padres. Ignacio Diezhandino, otro de los afectados, ha desembolsado 120.000 euros y califica la situación como «surrealista».

Pero ¿qué es lo que frena este proyecto inmobiliario? La empresa pública Metro, perteneciente a la Comunidad de Madrid, sacó a subasta a finales de 2014 la parcela de 40.000 metros cuadrados sobre la que se asienta el antiguo complejo ferroviario.

El Grupo Ibosa, en representación de los cooperativistas, adquirió el terreno por 88 millones de euros y planteó junto a Metro un proyecto residencial que contemplaba la construcción de 443 viviendas -de las cuales 63, el 15%, serían protegidas-, además de la creación de un parque público de casi 17.000 metros cuadrados, de una plaza, de un edificio dotacional y de unas nuevas cocheras que quedarían soterradas.