El día de ayer fue de los más intensos informativamente hablando que se recuerdan desde la noche electoral del 26 de junio. Para empezar, desde las diez de la mañana el Rey Felipe VI siguió con la ronda de consultas con los líderes políticos. Los tres primeros fueron los portavoces del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, En Marea, Alexandra Fernández, y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Francesc Homs. Los tres reiteraon que votarían «no» a Mariano Rajoy en una hipotética investidura.

Pero mientras Homs estaba despachando con el Monarca, sus compañeros de partido en el Parlament de Catalunya junto a Esquerra Republicana -que forman Junts Pels Sí (JxSí)- votaban que la casa de todos los catalanes debatiese sobre una futura desconexión del resto de España.

Este hecho, que no estaba en el orden del día, supone un acicate al incumplimiento sistemático de la ley y las advertencias del Tribunal Constitucional que se vienen dando desde las filas de JxSí y las CUP.

Inmediatamente, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz De Santamaría, anunció que el Consejo de Ministros del viernes pondrá en marcha todos los mecanismos del Estado de Derecho para asegurar que en Cataluña se cumpla la ley.

Sin embargo, las posibles consecuencias que haya en el terreno judicial ya han tenido un adelanto en el aspecto político. Y es que la Mesa del Congreso decidió ayer por la tarde retrasar la decisión sobre si permite que CDC tenga grupo propio en la Cámara Baja.

Cabe destacar que para ello, los partidos que opten a grupo propio deberían sacar un 15% de voto en todo el territorio nacional, el mismo porcentaje en cada provincia en las que concurre o ese 15% de media entre ellas. Ninguno de los tres preceptos los cumplen los nacionalistas, ya que el promedio entre las cuatro provincias catalanas se sitúa en el 14%.

No obstante, pocos ponían en duda que la Mesa fuese a ser generosa y flexible y, por tanto, daban por seguro el grupo propio a CDC.

Pero el acontecimiento del Parlament parece que cambió el parecer del órgano de gobierno del Congreso, que ha dado a la formación catalana 48 horas para argumentar su petición, ya que según la presidenta del Congreso, Ana Pastor, dicho escrito era muy «escueto«.

Por tanto, habrá que esperar hasta la semana que viene para saber la decisión final de la Cámara, pero lo que es innegable es que los partidos no se quedan inmóviles ante el desafío independentista.