Entre las polémicas que se han generado durante este mes de agosto ha habido una sobre la que me voy a detener en mi reencuentro con los lectores y seguidores de Madrid Code. Me estoy refiriendo a la inhabilitación de Arnaldo Otegi para ocupar un cargo de representación política en el futuro gobierno vasco.

Aunque el tema es bien conocido, conviene recordar las acciones cometidas por Otegi y que son las que traen causa de la inhabilitación que en su día le impuso la Audiencia Nacional, confirmada después por la Sala Penal del Tribunal Supremo y, finalmente, ha acabado confirmando la Junta Electoral.

El 16 de septiembre de 2011 Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial para cargo público como dirigente de organización terrorista. En efecto, la Sección Penal Cuarta consideró probado que, en unión de Rafael Díez Usabiaga y otros tres condenados, estaba reconstituyendo un órgano de dirección de Batasuna «siguiendo las órdenes impartidas por ETA». Si bien la pena impuesta por la Audiencia Nacional sería rebajada después por el Tribunal Supremo a seis años y medio de prisión, por entender que, al tratarse de un grupo subordinado a ETA, no se les podía condenar como dirigentes, la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargo público, se prolongaría hasta 2021, ya que antes de empezar a cumplirla debía afrontar otra inhabilitación impuesta por enaltecer al jefe etarra Argala.

La pena de inhabilitación viene tipificada en el código penal para los delitos relacionados con el terrorismo. Así, el Artículo 572, por ejemplo, prescribe: «1. Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho a quince años.»

El propio Defensor del Pueblo, en una circular fechada a inicios de este mes de agosto, recordaba lo siguiente:

«El Estado de Derecho debe intervenir, en tiempo y forma, para que la sentencia firme que condenó a Arnaldo Otegi por pertenencia a ETA se cumpla en todos sus términos y, en consecuencia, no pueda concurrir a las elecciones al Parlamento Vasco recientemente convocadas. Si bien la pena de prisión quedó extinguida el pasado 1 de marzo, persiste hasta el año 2021 la imposibilidad de concurrir a comicios como los que se van a celebrar el 25 de septiembre próximo.»

«La fortaleza de la democracia se demuestra mediante el cumplimiento efectivo de la Ley. Por eso, es muy importante en la lucha contra el terrorismo que se cumplan las resoluciones judiciales en su integridad. El respeto debido a las víctimas y la ejemplaridad que debe predicarse de las instituciones también lo reclama.»

Pues bien, la polémica que parece haberse suscitado al hilo de la confirmación por la Junta Electoral del criterio que ya avanzó la Fiscalía General, es decir, de la inhabilitación de Otegi para ocupar cualquier cargo público hasta 2021, es porque desde sectores afines al propio Otegi, reclaman que sí pueda presentarse como candidato al gobierno vasco y se anule esa inhabilitación, aduciendo que no se concretó los cargos determinados a los que debería afectarle.

Si entrar aquí y ahora a valorar la fundamentación jurídica que apoye la tesis defendida por la fiscalía y confirmada posteriormente por la Junta Electoral (para ello, seguirán estando los pronunciamientos de la Justicia, en el caso de que Otegi quisiera recurrir dicha resolución), sí me parece oportuno ofrecer alguna idea, con vistas a una posible «ocupación profesional» del citado condenado por terrorismo.

En efecto, si como parece, tanto desea Arnaldo Otegi trabajar por el bien de la sociedad (hace tiempo que se presenta como un abanderado de la paz y en favor de la reconciliación, etc.) ahora que va a estar unos años «ocioso» sin poderse dedicar a «trabajar por las vascas y los vascos», le sugiero alguna de estas alternativas: puede dedicarse a ir por los pueblos y ciudades de España pidiendo perdón a cada una de las familias de los asesinados por la banda criminal ETA; puede recorrer, también, escuelas, institutos y universidades españolas para ofrecer charlas en las que eduque en valores contra cualquier acto de terrorismo y explique el porqué de no tener que matar, jamás, por defender una idea política o de cualquier otro tipo; puede, en fin, presentarse en las prisiones españolas y pedir, alto y claro, a sus antiguos colegas pistoleros que entreguen, de una vez por todas, las armas, pidan perdón y paguen el dinero que por responsabilidad civil aún adeudan a la víctimas.

Estoy seguro que con estas alternativas apuntadas, Otegi, estará entretenido, hará un mejor servicio a la sociedad y, sobre todo, devolverá un trocito de lo mucho que aún debe a las víctimas del terrorismo.

@LacaciAbogado

Abogado y Consultor