Alfonso Merlos

 

 

  La juez Ana Isabel de Vega, que instruye en Las Palmas el ‘caso Kokorev’, acató la petición de protección judicial del ‘testigo estrella’ de la investigación, el abogado Ismael Gerli, imputado y perseguido por la justicia de Panamá por falsificación documental, delitos contra la fe pública, fraude y estafa agravada.

Según se desprende del sumario, la instructora lo hizo después de que la UDYCO recibiese por escrito reiterados mensajes -alguno en clave de abierto chantaje- de este ex letrado de la familia Kokorev, al que la justicia panameña le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido la salida de su país y le ha impuesto la obligación de comparecer cada dos días para garantizar la seguridad de los múltiples procesos penales por los que se encuentra acorralado.

                Ismael Gerli dirigió sucesivos correos electrónicos al inspector del Grupo I de la UDYCO en Las Palmas pidiendo protección ante la justicia panameña para no ser procesado ni encarcelado por los presuntos delitos que pesaban y pesan sobre su trayectoria. Literalmente, le trasladó a la policía judicial que si no se le ayudaba, “reventaría” un procedimiento, en sus propias palabras “viciado totalmente”, y en el que paradójicamente él mismo se erigió en ‘testigo estrella’ tras violar el secreto profesional ante sus ex clientes y entregar material informático bajo la sospecha ahora de haber sido falsificado.

La UDYCO se dirigió a la jueza Ana Isabel de Vega Serrano el 5 de diciembre de 2016 asegurando que Gerli había solicitado protección por sentirse amenazado por miembros de la familia Kokorev, un extremo sobre el que no se aporta en el sumario prueba alguna; tampoco los agentes o la magistrada instaron en aquel momento a la corroboración de los hechos denunciados o los sometieron a análisis contradictorio.

Aún más, el abogado hoy imputado por delinquir, en un mail a la UDYCO se jacta de ser el responsable de la detención de la familia hispano rusa, que ha sobrepasado los 20 meses de encarcelamiento preventivo en el centro penitenciario de Juan Grande sin que se les haya concretado los presuntos delitos por los que se le procesa (tanto a los ancianos Vladimir y Julia como a su joven hijo, Igor). “Yo y sólo yo tengo 100% del mérito que los policías españoles no regresaran con las manos en blanco”, llega a ufanarse Gerli en alusión a los agentes españoles que se desplazaron hasta Panamá para proceder a la extradición de los Kokorev en 2015.

 

                Según consta en el sumario, el 15 de diciembre de 2016 la UDYCO volvió a dirigirse al juzgado de Las Palmas con el ánimo de solicitar una comisión rogatoria para la protección de este testigo. La policía española ‘compró’ la versión de Gerli, dando por hecho -en contra de las pruebas que se agolpan en los procesos abiertos por la justicia en Panamá- que las supuestas amenazas del entorno de la familia Kokorev se producirían “como consecuencia de su colaboración en las presentes diligencias”. Así, la policía española solicita que la juez “emita Comisión Rogatoria dirigida a las Autoridades Judiciales de República de Panamá por medio de la Embajada de España en dicho país, al objeto de que se realicen los trámites pertinentes para proporcionar protección al testigo Ismael Gerli”.

                Mientras la justicia panameña avanzaba en los procesos penales por los graves delitos perpetrados presuntamente por Gerli, el 20 de diciembre de 2016 Ana Isabel de Vega dictaba una providencia por la que ordenaba “librar la correspondiente Comisión Rogatoria a fin de que las autoridades panameñas procedan a proporcionar al llamado Ismael Gerli protección ante las amenazas que dice que está sufriendo”, sin aparecer en esa fecha ni hoy una sola prueba de esas supuestas amenazas ni intento alguno de verificación de su autenticidad.

                Aún más, mientras la justicia en Panamá acumula pruebas documentales que acreditan -según la Fiscalía- la capacidad de Gerli para falsificar documentación (incluida la oficial), en un escrito del 22 de diciembre de 2016, De Vega avala sin cuestionarlas las teorías y los señalamientos de este perseguido por la justicia. Y puntualiza en este sentido: las “serias conclusiones” que certificarían que los miembros de la familia Kokorev han desarrollado un entramado societario destinado al blanqueo de capitales, las soporta “la declaración testifical ofrecida por Ismael Gerli, estrecho colaborador por ser asesor de la familia”.

La actuación de jueza y UDYCO en defensa de este testigo acorralado por sus presuntos delitos se vuelve a hacer visible el 28 de diciembre de 2016.  Los agentes canarios vuelven a ‘comprar’ la versión de Gerli, asegurando que la persecución en su país es “como consecuencia de su declaración con testigo en la causa”. Aún más, asegura el inspector del Grupo I policial que “el hecho de que el testigo en las presentes sea ingresado en tal prisión (La Joya, Panamá), famosa por su carencia de seguridad entre otras muchas cosas, es que el mismo quedaría desprovisto de cualquier medida de seguridad hacia su persona, y franco para cualquier agresión”.

La maniobra de interferir en los procesos contra Gerli, a favor de la protección de este imputado por falsificación de documentos, es indisimulada: “la premura de la situación en la que en breve puede encontrarse el testigo preso en la prisión de la Joya (…)  dejaría totalmente franco al testigo para cualquier atentado contra su persona (…) es por lo que se somete a consideración (de la jueza, Ana Isabel de Vega Serrano), enviar una carta a la Procuraduría General de Panamá a través de la embajada de España en Panamá, dando cuenta de tales extremos expuestos por este grupo investigador.”

La actitud de la policía y la justicia canaria de cesión a las peticiones de protección (chantajes incluidos) de Ismael Gerli contrasta con la pasividad de los mismos agentes y la misma juez tras las denuncias de la familia Kokorev (que constan con abundancia de pruebas en el sumario) en clave de acoso, chantaje y extorsión vertido en multitud de mensajes por parte de su ex abogado.

Su carrera de amenazas y conductas extorsionadoras comenzó en enero de 2015. En esa fecha es cesado en la prestación de sus servicios a raíz de la constatación de que está inflando sus facturas, y no está liquidando los impuestos en Panamá de los Kokorev, quedándose él mismo con los fondos que se entregan para pagar dichos impuestos.

Con el fin de conseguir un lucro ilícito (lo que Gerli llama “una suma realista y ponderada”), condiciona su presencia en el juzgado de la magistrada Ana Isabel de Vega (y el sentido de su intervención), a la liquidación de determinados conceptos que él dice adeudados. Así, a través de correos electrónicos a Vladimir Kokorev le anuncia, literalmente, que morirá en la cárcel.

A partir de junio de 2015 sus reclamaciones se vuelven más agresivas, afirmando que pasará al ataque. Y van dirigidas no sólo contra sus ex clientes sino contra personas que ejercen de interlocutoras de éstos. Les acusa de pertenecer a la “mafia rusa” e insiste en que o se le paga lo que él considera o acudirá a cooperar, entre otras, con las autoridades españolas.

En los mails aparecen expresiones homófobas entre un conjunto de injurias y calumnias. Al no ser resarcido por lo que este abogado (que podría enfrentarse en Panamá a más de diez años de cárcel) considera “daños y perjuicios”, asegura que lo que él entiende como una indemnización es “negociable” y le pide a Vladimir Kokorev “un entendimiento razonable para todos”.

Desde el entorno de los Kokorev se denuncia que atribuir el papel de “colaborador” o “testigo” a un abogado con relación a supuestas informaciones y operaciones de su cliente supondría que “las instituciones encargadas de velar por los derechos fundamentales serían los instrumentos para vulnerarlos”.