El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado identificar al magistrado xenófobo de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que se refirió a los jóvenes rusos y a los italianos del sur como “mafiosos” y a las rumanas, a todas ellas, como unas “putas”; y que lo hizo en dependencias judiciales sin ser reprimido por sus compañeros. La queja había sido formulada por el Consulado Honorario de la Federación de Rusia en Canarias hace dos meses, y en su representación por el letrado José Antonio Penichet.

El TSJC asegura en su escueta respuesta que “no resulta posible acceder a lo interesado por carecer esta Presidencia y la Sala de Gobierno que preside de la competencia para ello, por lo que procede al archivo al archivo del presente expediente sin más trámites”.

Paradójicamente, el TSJC se ampara para no identificar al “magistrado xenófobo” en los artículos 160 al 162 de la LOPJ. En estos, entre otras funciones de los Presidentes de los Tribunales y Audiencias se establecen las de “ejercer todos los poderes dirigidos al buen orden del Tribunal o Audiencia respectivo, así como al cumplimiento de sus deberes por el personal de los mismos”; “oír las quejas que les hagan los interesados en causas o pleitos, adoptando las prevenciones necesarias”; o la función de “dirigir a los Juzgados y Tribunales a ellos inferiores, que estén comprendidos en su respectiva circunscripción (…) las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, dando cuenta sin dilación al Tribunal Supremo, en su caso, y directamente al Consejo General del Poder Judicial”.

 

En este sentido, fuentes del Consulado ruso han confirmado a Madrid Code que a la mayor brevedad se dirigirán precisamente al promotor de la acción disciplinaria (Consejo General del Poder Judicial), con carácter de denuncia, para solicitar la apertura de diligencias informativas por si las manifestaciones xenófobas del conocido por la prensa canaria como “magistrado bocazas” fuesen hechos constitutivos de infracción disciplinaria, una vez identificado.

El letrado del Consulado ruso entiende que una vez conocida esta conversación, el pasado mes de noviembre, podría temerse que por la forma de pensar del magistrado no haya sido imparcial en distintos pronunciamientos que han afectado y afectan a ciudadanos rusos. En concreto, se ha referido a los recursos que desde la Sección Sexta de la AP de Las Palmas se han resuelto en el sentido de mantener ya durante 19 meses en prisión y sin procesamiento a la familia Kokorev, acusada supuestamente de blanquear capitales procedentes de Guinea Ecuatorial y su presidente Teodoro Obiang en España.

 

Desde el consulado se insiste en que es tarea de los diplomáticos procurar que personas como las que integran la familia Kokorev (que cuentan con la doble nacionalidad, también la española) sean juzgadas de la misma forma que si fueran exclusivamente nacionales. Se añade que en Canarias no hay nadie vinculado al poder judicial que una vez conocido el audio de las “deliberaciones xenófobas” no lo haya identificado. Y se concluye que el objetivo de estas acciones no es otro que el de que este magistrado, más allá de la sanción, por falta de transparencia y de imparcialidad sea apartado de casos que afecten a ciudadanos rusos o, como mínimo, que se sepa quién es para poder ser recusado por los abogados.

Marisa Páramo