Complejo diplomático de EEUU en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial.
El informe del Senado estadounidense de 2004 que está en el origen de la investigación que mantiene ya durante 22 meses en una prisión canaria a la familia Kokorev (por ejercer supuestamente de testaferros de Teodoro Obiang) no provocó ningún tipo de acción judicial ni de ninguna otra índole por la administración de Washington.
La investigación sobre la procedencia del dinero en las cuentas de la tesorería de Guinea Ecuatorial (pagadora del empresario hispano ruso Vladimir Kokorev) y los pagos hechos desde ella no generó actuaciones: ni contra el Banco Riggs ni contra ningún otro organismo relacionado con el gobierno de Malabo.
La actitud de Estados Unidos en este caso fue muy distinta a la que mostró en las indagaciones que afectaban al dinero de Pinochet, que obligó al Riggs a pagar una cuantiosa multa por las infracciones cometidas. En concreto, un juez federal aprobó la multa de 16 millones de dólares, aquí sí aplicada al Riggs por ocultar cuentas bancarias del ex dictador chileno, bajo nombres falsos, de su familia y de otros militares; asimismo, la fiscalía señaló con cargos individuales a los empleados de la institución bancaria que participaron en las operaciones.
Ninguna administración tomó medidas contra el Banco Riggs, donde Vladimir Kokorev tenía la cuenta de su sociedad Kalunga.
En el caso de las investigaciones que señalaban presuntamente por posible blanqueo al presidente de Guinea Ecuatorial, un cable oficial de 12 de marzo de 2009 salido de la embajada de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial es taxativo, explicativo y pormenorizado en detalles:
“El colapso en 2005 del Banco Riggs en Washington sigue pesando sobre Guinea Ecuatorial como una nube. En el momento de las investigaciones del Senado se había descubierto que Guinea Ecuatorial tenía el balance cumulativo más grande del banco. No obstante, el estudio de los archivos demuestra que el banco en sí había incumplido sus obligaciones de información, mientras que las cuentas asociadas a Guinea Ecuatorial pueden ser razonablemente explicadas”
“Los ecuatoguineanos aceptaron el asesoramiento de Riggs respecto de las cuentas, asumieron que el banco “estaba actuando correctamente”. A medida que el flujo de ingresos nominados en dólares provenientes del petróleo aumentó, seguido por los atractivos ingresos por intereses, individuos relacionados con el gobierno de GE empezaron a abrir cuentas privadas”.
“Tanto los importes en las cuentas del gobierno y aquellos en las cuentas privadas están fácilmente en línea con las cantidades generadas respectivamente por los ingresos de petróleo y las actividades privadas de estos individuos».
En el caso de la cita del informe del Senado de Estados Unidos sobre Kalunga, todos los documentos jurídicos presentados ante el juzgado de instrucción nº5 de Las Palmas, que sigue el caso, acreditan: 1) que Vladimir Kokorev es el único propietario legal y de hecho de la ya desaparecida hace años ‘Kalunga’; y 2) que no lo fue en ningún caso Obiang o algún testaferro del líder ecuatoguineano, como insinuaba la querella inicial de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
Antes de operar con su compañía Kalunga, Vladimir Kokorev desarrolló operaciones comerciales en Guinea Ecuatorial con empresas como Martínez Hermanos.
Hasta tal punto la interpretación torticera de la referencia a Kalunga en el documento norteamericano funciona como piedra angular de la acusación que la querella inicial es presentada por el letrado Manuel Ollé Sesé, que ya había colaborado con el juez estrella e inhabilitado Baltasar Garzón en el intento frustrado de extraditar a la Audiencia Nacional a Augusto Pinochet, o en el procesamiento del argentino Ricardo Cavallo.
Lo que hace 13 años era una suposición, hoy, a espera de pruebas y un eventual auto de procesamiento, lo sigue siendo: que la compañía Kalunga era una mera lavadora utilizada por Obiang, y las sumas de ingresos procedentes de la extracción de petróleo se utilizaban para comprar inmuebles en España para disfrute de los acólitos del presidente ecuatoguineano.
Según este planteamiento de la acusación, el 29 de noviembre de 2000, por ejemplo, era Obiang el que adquiría un piso de 90,87 metros cuadrados en Las Palmas. Un ‘consumado corrupto’ que movería miles de millones de euros del oro negro, al que la revista Forbes le sitúa con una fortuna personal que ronda los 500 millones de euros (superior a la de la reina de Inglaterra o el emir de Kuwait), ¿qué necesidad tenía de blanquear dinero adquiriendo un pequeño piso, rodeado de vecinos, en Las Palmas? En ningún caso consta respuesta en el sumario.
Javier Cordero
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