Alfonso Merlos

                Contra el criterio de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que recientemente ha decretado la libertad bajo fianza para la familia Kokorev (acusada de ejercer de testaferro de Teodoro Obiang en España), la jueza del Instrucción nº5 de la capital canaria, Ana Isabel de Vega, ha prorrogado la prisión para el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, su mujer Julia y su joven hijo Igor, que en septiembre podrían desbordar el máximo previsto por la ley de dos años en cárcel preventiva en el penal de Juan Grande.

                A pesar de la grave situación de salud que padece Vladimir (cardiopatía isquémica, hipertensión, desmayos, parálisis en una pierna, serios trastornos de próstata…) la jueza De Vega entiende (en oposición a los magistrados de la AP) que hay riesgo de fuga en el anciano. No sólo eso. A pesar de que el sumario recoge, tanto en sus tomos principales como en sus anexos, decenas de documentos oficiales (certificados tanto en España como en Guinea Ecuatorial) que prueban la intensa y dilatada actividad profesional del empresario en el sector naviero (en este caso a través de su compañía Kalunga, objeto de investigación), la jueza señala que Kokorev recibía múltiples fondos en la cuenta de su compañía “sin motivo o razón que justificase ese traspaso de fondos”. Así, y tras una década de instrucción, la jueza sigue manteniendo sin pruebas que hayan trascendido -en el sumario ya abierto- la teoría del blanqueo de capitales a través de una ‘empresa fantasma’.

Fuentes judiciales de la Audiencia Provincial de Las Palmas muestran su sorpresa por la insistencia de la jueza De Vega y el fiscal Luis del Río en mantener en estas “circunstancias extremas” la prisión preventiva, y ponderan que “no parece lógico y es difícilmente justificable que se pretenda volcar o se termine de facto volcando el enquistamiento de una investigación en forma de privación de libertad en este caso contra varias personas, más disponiendo esta familia de residencia en las Canarias y de pasaporte español”.

Otras fuentes consultadas en la propia AP apuntan además que “sería de una gravedad extraordinaria, [como se ha denunciado] que se haya incorporado a la causa material susceptible de haber sido falsificado, pudiendo éste contaminar una parte sustancial de la misma”.

En este sentido, la jueza se ha negado recientemente, como habían solicitado las defensas de los Kokorev, a aportar el volcado de los soportes informáticos intervenidos en el domicilio de la familia. También se ha opuesto la instructora a aportar las unidades de almacenamiento USB facilitados por el ex abogado de los Kokorev, Ismael Gerli, contra el que se han dictado medidas cautelares en su país (Panamá), por haber perpetrado presuntamente graves delitos como los de estafa, fraude o falsificación documental. Por último, el juzgado canario ha rechazado comprobar el origen e integridad de los documentos obrantes en la causa, a pesar de que la propia justicia panameña ya ha acreditado que Gerli (convertido en testigo estrella en el ‘caso Kokorev’) ha aportado en causas paralelas en las que se ha visto envuelto material documental probadamente falsificado.

La defensa de la familia hispano-rusa (con más de veinte años de residencia en nuestro país) sostiene que ante esta actitud de bloqueo de la magistrada De Vega “no se puede acceder a documentos de descargo que podrían ser utilizados para la defensa, sino que se depende de la selección realizada por los funcionarios de la UDYCO”. En este sentido, ha denunciado en un escrito a la juez que se niegue a aportar a la causa la totalidad de los correos electrónicos que Ismael Gerli cruzó con el inspector jefe del UDYCO en Las Palmas (al que este presunto delincuente se refería como su “amigo Paco”); asimismo, que se niegue a aportar “las comunicaciones habidas con este abogado perseguido penalmente en su propio país ni de las reuniones que los agentes de la Policía española mantuvieron con él, tanto antes como después de su intervención procesal”.

Los letrados señalan que “dada la extraña relación entre la fuerza actuante y Gerli, y la constancia en autos de materiales aportados por el testigo y obtenidos mediante la comisión de delitos, se hace necesario fiscalizar la relación de éste con la investigación, que no se limitaba en modo alguno a sus declaraciones como testigo”.

Aún más, citan elementos concretos incluidos en la causa, a juicio de la defensa claramente falsos (“y probablemente la UDYCO así lo piense”), para concluir que el que el testigo aporte documentos falsos a la instrucción es “constitutivo de delito de falsedad en documento público en progresión”.

Las circunstancias en las que jurídicamente se está conduciendo en Canarias el proceso contra la familia Kokorev han sido denunciadas desde diversas instancias e instituciones, incluido el Parlamento Europeo. Irregularidades/ilegalidades bajo sospecha que se vienen practicando (especialmente a lo largo de los 23 meses en los que la familia permanece presa), están residenciadas en Madrid en el Consejo General del Poder Judicial, a la espera de que éste se pronuncie o tome medidas.