Alfonso Merlos

                La jueza Ana Isabel de Vega, que instruye en Las Palmas la controvertida causa contra los supuestos testaferros de Teodoro Obiang en España, conoce que el principal acusado, Vladimir Kokorev, no ha utilizado durante su trayectoria profesional ‘sociedades instrumentales’ o ‘empresas fantasma’. Tampoco Kalunga Company, considerada por la instructora como por el fiscal Luis del Río un mero vehículo “sin actividad alguna” que el dictador de Guinea Ecuatorial habría utilizado para lavar unos 20 millones de euros en Canarias.

En abundante documentación incorporada al sumario, no sólo por las defensas sino fruto de los propios registros que las fuerzas de seguridad hicieron en los domicilios del empresario hispano-ruso (incluido este material como anexos) queda rastro profuso, detallado y a través de documentos oficiales de distintos países (incluido España) de que desde 1992 hasta 2004 Vladimir Kokorev fue el director general y propietario de la empresa naviera de transporte marítimo Kalunga. Extendió su vida profesional durante más de treinta años en diversos países de África, primero como asesor diplomático de la URSS y posteriormente como empresario.

En los anexos se deja huella a través de toda suerte de facturas, encargos de trabajo, proyectos, contratos y otras pruebas de que Kalunga comenzó siendo una pequeña compañía que operaba en la costa occidental del continente negro, que con los años creció y amplió sus actividades a la compraventa de pescado congelado y a la compraventa de buques.

Así, la presunta ‘empresa fantasma’, en 1999 ofertó al Estado de Guinea Ecuatorial el suministro de un barco de transporte de pasajeros nuevo para cubrir las rutas entre Bata, Malabo y la isla de Annobon. Para ello Vladimir Kokorev (nunca su mujer Julia y su joven hijo Igor, 24 meses en prisión gestionaron estos negocios) reactivó un astillero en Nikolaev (Ucrania). Así, el hoy anciano, ya jubilado, pudo suministrar a la antigua colonia española un buque adecuado en condiciones competitivas de precio siendo Kalunga contratada además para su mantenimiento técnico.

Tras este primer encargo a la ‘compañía sin actividad’, según recoge la magistrada De Vega en sus autos, la empresa recibió otros del régimen de Malabo, como la construcción y el suministro de barcos y de bienes de equipo. En concreto, también facilitó al régimen de Obiang automóviles, equipos pesados de construcción y talleres mecánicos de reparación. En aquella época, la empresa de Vladimir Kokorev daba trabajo a unos 350 empleados, entre marineros, capitanes e ingenieros, procedentes fundamentalmente de Ucrania, Rusia, Letonia y Lituania. Toda la documentación de los barcos y los expedientes personales de los empleados estaban expedidos a nombre de su empleador, Kalunga, según consta en la instrucción.

Los ingresos que percibió la empresa en cumplimiento de los acuerdos con el Estado de Guinea Ecuatorial, así como los pagos que hizo a sus proveedores en relación con esos encargos, constituyen los flujos económicos que la UDYCO canaria ha utilizado para justificar la tesis de que Vladimir y su familia lavaban dinero para Teodoro Obiang. Lo ha hecho a través de informes policiales denunciados ante el juzgado por peritos independientes dada la inclusión de falsedades y hechos o valoraciones manipuladas que no concuerdan con la realidad, según se ha llegado a denunciar en Estados Unidos. Desde el propio entorno de la familia se había denunciado previamente el manejo por los investigadores de “informaciones desactualizadas, erróneas, fuera de contexto o directamente falsas”.

La jueza conoce por documentos que obran en el sumario que Kalunga, incluso a empresas españolas como Martínez Hermanos, durante unos cinco años (1992-1997) les suministraba en Guinea Ecuatorial cientos de toneladas de pescado congelado que adquiría en otros países africanos (Angola, Mauritania o Marruecos) empleando para ello dos barcos congeladores, ‘Bata’ y ‘Malabo’. También ha podido conocer que posteriormente le encargaron a Vladimir Kokorev la compra de diversas embarcaciones para comercio en la zona del Golfo de Guinea, en concreto tres barcos que fueron adquiridos a través del empresario -encarcelado preventivamente durante dos años- y pagados mensualmente desde Guinea a Kalunga Company, según la jueza una ‘sociedad sin actividad’.

La propia UDYCO ha reconocido en un informe trasladado a la magistrada De Vega y al alcance del fiscal Luis del Río que no guardan relación directa las transferencias obtenidas por Kalunga de la Tesorería de Guinea Ecuatorial por valor de unos 20 millones de euros con la supuesta consumación del delito de blanqueo de capitales mediante la adquisición de bienes inmuebles en España. En concreto, nueve fincas: 3 chalés, 3 viviendas unifamiliares y 3 plazas de garaje tanto para Teodoro Obiang como para su círculo de confianza político y familiar.

Las defensas han trasladado a la jueza que “sorprende que el presidente de Guinea Ecuatorial, al que en la querella inicial del caso se atribuye el manejo libertino de una cuenta de 700 millones de dólares y se proclama (en el propio sumario) uno de los hombres más ricos del mundo según la revista ‘Forbes’, se haya embarcado en una aventura para adquirir en Las Palmas de Gran Canaria un piso de 90 metros cuadrados y una plaza de garaje, montando para ello un complejísimo mecanismo de lavado de dinero (involucrando nada menos que al banco estadounidense Riggs, a la compañía Kalunga, a un banco español como el Santander [donde los Kokorev tenían su operativa], a un empresario al borde de la jubilación y a su esposa, ama de casa”.

Ambos, junto a su hijo Igor (abogado formado en ICADE, Harvard, Georgetown y Yale, con experiencia profesional en Pérez Llorca) esperan una rebaja en la fianza conjunta de seis millones de euros que hace más de dos meses fijó la Audiencia Provincial de Las Palmas para su libertad, y que son incapaces de reunir.

Las irregularidades/ilegalidades del ‘caso Kokorev’, y la presunta vulneración de derechos fundamentales que llevan aparejadas, tienen dos denuncias remitidas por eurodiputados y residenciadas precisamente en el Parlamento Europeo y el Consejo General del Poder Judicial.