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No cabe duda de que España, no el Estado español ni la cacareada democracia,  está en una crisis de existencia como nación y como patria, desencadenada por la rebelión separatista catalana como todo el mundo sabe y padece. Pero ya no se limita solamente a éso porque el nefasto término «nacionalidad» figura por mimetismo en ¡¡ocho Estatutos de Autonomía!!  -Galicia, País Vasco, Cataluña, Canarias, Baleares, Aragón, Valencia y Andalucía –  y, tras la grieta catalana, es más que posible el troceamiento total de España, con la complicidad y el odio anglosajón de siempre, que sólo hace unos días y a través del Parlamento británico se complació en escuchar al líder mesiánico traidor Artur Mas hablar de la independencia de Cataluña.

Semejante crisis existencial viene desde la manipulación espectacular de la Diada de l año 2011, nada menos, sin que desde entonces, incluido el pseudo referéndum del 9 de noviembre de 2015, las Instituciones políticas del estado hayan hecho nada útil ni eficaz para contener/detener/reprimir el proceso separatista. Se han auto-hartado de legalismos y recursos a la legalidad democrática, cuyas decisiones no han sido capaces de imponer, eternizándose » la rebelión de las palabras», plasmada en la desobediencia continua.

Se ha llegado a un extremo en el que ya no serviría de nada ni la manoseada aplicación del Artículo 155 de la Constitución, porque, sin duda, sería desobedecida, incluida la posible y drástica suspensión de las Instituciones de la Autonomía catalana. Asi, es necesario impedir  ya de forma contundente la desobediencia de los políticos separatistas y la práctica imposibilidad tardía de imponer sentencias  de los más altos tribunales del Estado y la Autonomía catalana, en tanto que afectan a centenares/miles de funcionarios electos o profesionales.

Dicho de otros modo, los Poderes políticos civiles de la democracia han sido rebasados. Y la población lo sabe; sabe que de seguir ejerciendo esos poderes su inutilidad e ineficacia la disgregación y desaparición de España como nación será un hecho.

Cabe preguntarse entonces si no ha llegado la hora legal, legítima y constitucional  de intentar que sea otro poder, el militar, el que aporte la contundencia ya imprescindible para detener la rebelión abierta catalana, de la que el manosedo referéndum sólo es un episodio más. Y es fácil, no tiene el Gobierno más que obtener la mayoría absoluta del Congreso y a  su propuesta exclusiva,  declarar el «Estado de Sitio», previsto en el artículo 116 de la Constitución y regulado por la correspondiente Ley orgánica,  que permite la intervención militar, la Fuerza legítima del Estado, por presencia y no necesariamente por violencia, si es que la revolución separatista no le hace frente de forma violenta. La duración de tal «Estado de Sitio » duraría y se aplicaría en el ámbito territorial que el Congreso decidiera, permitiendo además la aplicación del más duro Código de Justicia Militar. Sinceramente creo que la población española lo está esperando al punto al qué hemos llegado.

General Monzón