Contrato entre Kalunga y el gobierno de Malabo para la construcción y entrega de un buque mercante
El juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas se niega a facilitar el volcado del contenido incluido en los diversos soportes informáticos incautados y pertenecientes a Vladimir Kokorev, su mujer Julia y su joven hijo Igor, acusados de ejercer de testaferros de Teodoro Obiang.
Las defensas de la familia hispano rusa, camino de los 25 meses encarcelada preventivamente en la prisión canaria de Juan Grande, habían denunciado ante la magistrada Ana Isabel de Vega “la irregular y anómala situación producida por la intervención de numerosos equipos telefónicos e informáticos, con sus memorias internas”, por haber estado “a disposición de la Policía sin que el órgano jurisdiccional permitiese a los abogados acceso alguno al análisis de los mismos ni a la investigación”.
Factura de Kalunga para el pago de los seguros de los buques Djibloho y Mikue
Los abogados de los Kokorev denuncian “la absoluta falta de garantías procedimentales atendiendo a las posibilidades técnicas de alteración y modificación de la memoria original”; y señalan que la jueza De Vega ha alentado un proceso en el que “sólo pueden comprobar cómo se van aportando documentos cada cierto tiempo, de forma aislada e interesada, supuestamente almacenados en los equipos incautados, produciendo indefensión sobre los investigados”.
No sólo eso. Más de dos años después de la irrupción en el proceso como ‘testigo estrella’ del ex abogado de la familia, Ismael Gerli, la jueza se ha negado a comprobar la integridad y a identificar el origen de los soportes informáticos incriminatorios contra los Kokorev aportados por quien está investigado por falsificación de documentos, fraude y estafa agravada en su país, Panamá. Tampoco De Vega ha accedido a revelar la relación amistosa y extraprocesal que este ‘testigo de cargo’, perseguido por graves delitos, ha mantenido con agentes de la UDYCO en Canarias.
Patente de navegación del buque Río Mbini (1)
Los nuevos indicios sobre las trazas de acciones irregulares/ilegales en la instrucción policial y judicial del caso llegan apenas a una semana de que en el Parlamento Europeo se escuchen y tramiten las denuncias “por violación de los estándares europeos de seguridad, libertad y justicia durante el procedimiento”. Así, el 28 de septiembre se celebrará en Bruselas la mesa redonda bajo el título “Justicia, Derechos Humanos y el debido procedimiento en la Unión Europea: el caso de Vladimir Kokorev”. El foro lo presidirá el europarlamentario Fulvio Martusciello y acogerá la denuncia de abogados europeos, políticos y expertos en derechos humanos sobre la instrucción policial y judicial del caso, que ya está en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (cuya vicepresidenta es la española Beatriz Becerra) así como de la Comisión de Peticiones.
Patente de navegación del buque río Mbini (2)
La Eurocámara abrirá una vía para determinar hasta qué punto la justicia en Canarias está vulnerando el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en la medida en que se está aplicando “una privación cautelar de la libertad de forma desproporcionada o irrazonable”, teniendo ésta “un carácter punitivo en cuanto al exceso y constituyendo una suerte de pena anticipada”, según el borrador de denuncia que manejarán los europarlamentarios.
En estas circunstancias, Vladimir ha recibido un último diagnóstico médico que abunda en la gravedad de su estado de salud. Padece “dolor torácico opresivo no siempre relacionado con el esfuerzo que en ocasiones lo despierta por las noches, controles de tensión arterial elevados, utiliza nitroglicerina sublingual (…) duerme con la cabecera elevada por sensación de giro de objetos, sufre mareos con sensación de inestabilidad y visión borrosa de forma frecuente, debilidad con parestesias en hemicuerpo izquierdo y presenta gran componente de ansiedad”. El médico cardiólogo concluye que, dada su cardiopatía isquémica y su diabetes mellitus, son necesarias numerosas pruebas diagnósticas imposibles en las actuales circunstancias.
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La instructora De Vega ha negado la petición del hijo (atendiendo a criterios de dignidad y de humanidad) de reagrupación en el mismo módulo de su padre para poder atenderlo y auxiliarlo. La magistrada entiende que Vladimir “hace una vida normal”, lo que choca con el permiso de los servicios médicos penitenciarios para permanecer todo el día en su celda al reducirse allí el estrés carcelario que aumenta en la enfermería.
Marisa Páramo
@marisaparamo
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