Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes… el entramado societario de Mario Conde es tan complejo, está tan volcado sobre países distintos a España, está tan por explorar que el ingreso en prisión del ex banquero es una medida incuestionablemente pertinente para garantizar la seguridad del proceso.

Por razones de arraigo familiar y personales cuesta creer que existiera riesgo de fuga. Pero cuesta más creer que, fuera de prisión, no fuera a hacer lo que estuviese en su mano para obstaculizar la investigación y defenderse mejor.

Sin olvidar el respeto a la presunción de inocencia, poco sentido tiene rasgarse las vestiduras por las lecciones de moral, ética y regeneración democrática que ha ido impartiendo de plató en plató. Incluso durante una temporada, cuando aspiró a ser presidente de todos los gallegos, de mitin en mitin.

No olvidemos que cuando midió su fuerza en las urnas, le votaron cuatro. Y que el canal en el que se ha prodigado en los últimos tiempos antes de su detención no goza de una audiencia precisamente masiva.

Aquí no hay persecución que valga, en sentido político o personal. La hay en sentido judicial. Es la persecución que las instituciones competentes del Estado están obligadas a practicar contra todo aquel que vulnera la ley. Incluso si repite. Incluso si se llama Mario y se apellida Conde.