Era cuestión de tiempo. El proceso se ha alargado por la condición de aforada nacional. Sin embargo, la decisión ha llegado.

El juez instructor del caso Imelsa ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que investigue (impute) a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora, Rita Barberá.

Con esta decisión, la que fue referente en el Partido Popular y en el municipalismo nacional está contra las cuerdas en lo político y lo judicial.

Según se desprende del auto de su señoría, solicita la investigación de la exprimera edil por un supuesto delito de blanqueo de capitales llevado a cabo para la campaña electoral de las elecciones locales de 2015.

Sin embargo, el propio juez señala en su auto que «ni investigados ni testigos» han apuntado a la participación de Barberá en dicho supuesto blanqueo, aunque apunta que existen «sospechas razonables» de ello.

Aunque la exalcaldesa sigue, por el momento, sin estar investigada, todos sus compañeros de corporación salvo uno sí lo están acusados de los mismos presuntos delitos.

Concretamente, el juez les imputa blanqueo por cantidad de mil euros cada uno, que, supuestamente, transferían desde sus cuentas a las del Partido Popular de Valencia y éste se los devolvía en dos billetes de 500 euros que, al parecer, procedían de comisiones y mordidas. Así, al menos, se desprende de la conversación ‘pinchada’ a la concejala María José Alcón, que le explicaba el procedimiento a su hijo.

Sin embargo, no son pocos los que cuestionan esta conversación, ya que puede haber un exceso de teatralización y explicaciones con el objetivo de señalar directamente a Barberá.

Por el momento, la senadora no ha reaccionado públicamente a la decisión del juez, aunque fuentes populares expresan a Valencia Code que «sería deseable» que diese «un paso al lado como lo hizo Paco (Camps), más aún cuando estamos en precampaña electoral«.