La familia Kokorev sobrepasa ya los 18 meses de prisión preventiva en la cárcel canaria de Juan Grande acusada de ejercer de testaferro de Teodoro Obiang en España. La acusación se sustentó desde el inicio en una querella inicial de 2008 de la Asociación Pro Derechos Humanos, que se valió como sustento de una traducción errónea y torticera de una investigación del Senado de Estados Unidos que inicialmente pretendió alcanzar “al clan de Teodoro Obiang”.

Aquel documento del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos de 2004, que sirve de aliento a la querella, afirma: “especialmente importante es que el Subcomité del Senado de Estados Unidos señala que la sociedad anónima Kalunga Company S.A. es total o parcialmente propiedad del Presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema”.

Sin embargo, en la página 6 del informe del Senado se afirma, de forma literal: “estas cuentas incluían, por ejemplo, las cuentas abiertas a nombre del Apexside Trading Ltd. y Kalunga Co. S.A. Al menos una de ellas el Subcomité tiene razones para creer que pueden ser propiedad en su totalidad o en parte del Presidente de Guinea Ecuatorial”.

Pero no sólo la traducción es torticera. Es que ya de por sí el propio documento de trabajo del órgano legislativo estadounidense también adolece de graves errores al afirmar, en su página 54, que la mercantil panameña Kalunga Company es una sociedad de Guinea Ecuatorial: “A lo largo de tres años y medio, entre junio de 2000 y diciembre de 2003, se efectuaron dieciséis transferencias bancarias desde la cuenta de petróleo de Guinea Ecuatorial a Kalunga Company S.A., una sociedad de Guinea Ecuatorial, por un total de más de $ 26,5 millones”.

¿A qué se debe entonces la creencia de que el propietario de Kalunga podría ser Obiang? Lo señala el propio informe del Senado, que aborda la negativa del Banco de Santander a revelar el nombre de los beneficiarios de la cuenta de la empresa, dadas las leyes españolas en materia de divulgación de información bancaria.

El hecho cierto es que, más allá de aquel documento tergiversado, en ni una sola de las investigaciones de órganos legislativos de Estados Unidos sobre la corrupción en países extranjeros en general y en Guinea Ecuatorial en particular se cita a Vladimir Kokorev, que comparte situación de cautiverio con su mujer Julia y su hijo Igor, en módulos separados al considerarse aún hoy ‘presos peligrosos’.

Es especialmente llamativo, por su profusión y meticulosidad, el informe del Senado de Estados Unidos de 2010, concretamente del Subcomité Permanente de Investigaciones, que a lo largo de 323 páginas detalla las transacciones financieras de numerosos funcionarios extranjeros y adláteres, entre ellos el propio Obiang y su clan, y de ninguna manera señala a Vladimir Kokorev ni a ningún miembro de su familia (dos décadas afincada en nuestro país, entre Madrid y Las Palmas): Estados Unidos no ha encontrado pruebas tampoco de que, más allá del supuesto lavado de dinero, los Kokorev se hayan encontrado inmersos en algún otro tipo de actividad delictiva.

El documento hace especial mención a Teodorín, el primogénito del dictador, y pone en contraposición su espectacular nivel de vida (extravagantes gastos inmobiliarios y automovilísticos incluidos) con el aparentemente oficial salario que recibe: 60.000 dólares anuales.

El informe, del interior al exterior, analiza los distintos círculos concéntricos de poder alrededor de Teodoro Obiang, extendidos en familiares lejanos y otras personas de confianza del clan. Tampoco en este ámbito se menciona a la familia Kokorev, considerada testaferro por la juez Ana Isabel de Vega, del Juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas. Y ello a pesar de que en su profusión, el Senado de Estados Unidos no ahorra en fechas, transferencias y cuentas bancarias, operaciones mercantiles… y en el subrayado de las acciones legales (civiles y criminales) emprendidas a nivel internacional (como Suráfrica o Francia) contra el clan ecuatoguineano.

La más completa investigación pública y oficial en Estados Unidos hasta la fecha sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial, que desecha la implicación de Vladimir Kokorev y su familia en actividades ilícitas y que está dirigida por el veterano Carl Levin, alcanza la conclusión de que “asistimos al estudio de caso de cómo una figura política controvertida (en alusión a Teodorín), de la familia gobernante y en un país plagado por la corrupción, movió vastas cantidades de dinero para introducirlas en el sistema financiero norteamericano empleando profesionales como abogados o agentes inmobiliarios para desbordar los esfuerzos de Estados Unidos para mantener la corrupción fuera de sus fronteras”.

 

Javier Cordero