Por razones complejas y que bien podrían ser objeto de una reflexión paralela, la opinión pública española ha equiparado ‘corrupción’ a ‘corrupción política’. En efecto, nuestros representantes públicos en las instituciones han malversado, prevaricado y estado inmersos en numerosísimos procesos en los últimos años por tráfico de influencias o cohecho, entre otros tipos penales. Pero, ¿qué hay de otras formas de vicio, de contaminación, de corrupción en instituciones más allá de la política?

En numerosos sondeos del CIS, también de los que encarga periódicamente el Consejo General del Poder Judicial, se palpa el descontento de los españoles con la administración de justicia. ¿Motivos? Es lenta, es cara pero -lo más repetido- “no es igual para todos”. ¿Por qué esta sensación? ¿Está justificada? ¿Hay algo peor para una democracia y un Estado de derecho que una justicia que no es imparcial y, por lo tanto, no tiene los ojos vendados?

En las últimas horas hemos conocido una decisión del CGPJ, en el mejor de los casos, inquietante. El magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Carlos Vielba, ha admitido ser el autor de distintas expresiones abiertamente xenófobas contra ciudadanos de Rusia, Italia, Rumanía y Kósovo. Y a pesar de la confesión, el órgano de gobierno de los jueces ha desestimado sancionar o apartar de sus funciones a Vielba, rebajando la gravedad de sus expresiones xenófobas y gravemente injuriosas, más propias de un magistrado de la saga del facineroso y fascista ‘Torrente’, de Santiago Segura, que de un sistema judicial de un país avanzado como España.

                La conversación objeto de la denuncia fue grabada en dependencias de la AP de Las Palmas el 23 de septiembre de 2016. En ella, el magistrado, que por el momento quedará impune, concluye que todos los rusos que salen de su país, especialmente si son jóvenes, son unos “mafiosos”, como los italianos de Roma hacia el Sur; añade que los albanokosovares son unos “delincuentes”; y remata en alusión a las rumanas, que “son todas putas” (¡para qué entrar en detalles!).

                Este juez, que seguirá campando por sus respetos y moverá los engranajes de la ya de por sí cuestionada justicia canaria, ha tenido como justiciables a ciudadanos de esas nacionalidades, como recientemente a la familia Kokorev, un matrimonio español de origen ruso y su hijo, acusados de ejercer de testaferros de Teodoro Obiang en España y mantenidos ya dos años en prisión preventiva en la cárcel de Juan Grande.

Vielba se reconoce autor de esas expresiones pero, a su juicio, él habla de “mafiosos” y de “putas” en dependencias judiciales “en tono humorístico”. Lo peor no es eso, por descacharrante y previsible que resulte la excusa, porque todo ciudadano, también un juez, tiene derecho a defenderse de las acusaciones contra él vertidas. Lo más decepcionante e hiriente es que el CGPJ se ponga de perfil ante un ‘magistrado xenófobo’… y, por lo visto ahora, chistoso, concluyendo que Carlos Vielba hizo manifestaciones “genéricas” sin mencionar nombres ni apellidos concretos, tampoco el apellido Kokorev.

¿Qué significa eso? ¿Acaso no tendría consecuencia disciplinaria alguna que un magistrado de la Audiencia Nacional (subrayamos, de la Audiencia Nacional) dijera genéricamente mañana que todos los alemanes son pederastas, o que todos los portugueses son traficantes de armas, o que todos los británicos son narcotraficantes, por supuesto sin añadir nombres o apellidos de ciudadanos alemanes o portugueses o británicos? ¿No cabría reprimenda, sanción o multa, o apartamiento de sus funciones, si semejantes ofensas las hubiese vertido en Madrid (subrayamos, en Madrid) un juez interviniendo en el ‘caso Gürtel’ o el ‘caso Púnica’ en lugar de un magistrado interviniendo en el ‘caso Kokorev’ en las tan lejanas como queridas Islas Canarias?

Si en efecto tanto nos preocupa la imagen de España y el daño que produce la corrupción, pongamos las luces largas y miremos más allá de la política. Pensemos en los estragos que genera un juez profiriendo en dependencias judiciales comentarios insidiosos, cargados de xenofobia. Pensemos en lo que significa para la imparcialidad, las garantías y el derecho a un juicio justo de cualquier ciudadano en España. Pensemos en la avería añadida que causa un Consejo General del Poder Judicial incapaz de adoptar medidas en salvaguarda de la credibilidad de la Justicia en general y la que se administra en las Islas Canarias en particular. Quizá entenderemos mejor por qué incrementa sobremanera el estupor y la desconfianza que ya sienten los ciudadanos por el funcionamiento sano de la Justicia española en general y canaria en particular.

Marisa Páramo