Acto en el Parlamento Europeo tras el cual se ha activado desde Bruselas la revisión de las actuaciones de la justicia canaria en el «caso Kokorev».
Después de un mes, la juez del instrucción nº5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega, sigue sin acatar la resolución de la Audiencia Provincial que el 13 de septiembre ordenó la entrega de los volcados de los soportes informáticos intervenidos a Vladimir Kokorev, el empresario hispano-ruso que suma 25 meses en prisión preventiva (aún junto a su hijo Igor) acusado del supuesto lavado de unos 20 millones de euros a favor de Teodoro Obiang.
La AP de Las Palmas se pronunció en la línea de los abogados de los Kokorev, en la idea de que sin el acceso a esta información se estaría conculcando el derecho de defensa, una petición que previamente -en el mes de junio- había sido negada por la instructora, según se establece ahora “sin argumentos jurídicos”.
No es la primera vez que la Audiencia censura a la magistrada De Vega en aspectos cruciales y que afectan a la propia disposición de la libertad de los investigados. El 27 de septiembre trascendía el auto por el que la Audiencia Provincial excarcelaba a Julia (esposa de Vladimir), cuestionando la decisión de la juez de prorrogar su prisión preventiva hasta los cuatro años.
De forma decisiva, la Sala de la AP corrige a la instructora cuando denegó a la defensa el acceso a los ordenadores que le habían sido intervenidos a la familia hispano-rusa, y ordena ahora que se le entreguen a los letrados las copias de los discos duros del conjunto de los dispositivos que se intervinieron hace ya más de dos años. No valida, por tanto, los argumentos de De Vega, que ha alegado hasta ahora que los volcados estaban “siendo objeto de análisis por la policía, y por ello no pueden ser entregados”.
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Las Palmas de Gran Canaria
Aún más, en el momento en el que los abogados de los Kokorev pidieron a la juez que tomara declaración a los agentes de la UDYCO que investigan el caso, la instructora también denegó la petición alegando que carecía de “razón de ser”. La Audiencia Provincial entiende por el contrario que ese testimonio podría “arrojar luz a la causa”.
Éstas y otras razones son las que han predispuesto al Parlamento Europeo a escuchar el ‘caso Kokorev’. El proceso, que ha desatado durante su dilatada investigación de más de 10 años toda suerte de quejas y denuncias, algunas residenciadas en el Consejo General del Poder Judicial por irregulares varias y xenofobia, entrará en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.
La UE, en marcha para el amparo y revisión del caso
Los abogados han presentado un llamamiento a través del cual convocan al Parlamento Europeo no sólo a que tome posición sobre una instrucción judicial y policial que estaría vulnerando derechos fundamentales básicos de ciudadanos comunitarios. Urgen, en concreto y a más abundamiento, “a tomar medidas que tengan por efecto aclarar, investigar y rectificar una violación de derechos” de la que ya tiene conocimiento Bruselas tras la mesa redonda en la que participaron eurodiputados, abogados y expertos en derechos humanos que pusieron la lupa sobre las medidas que contra los Kokorev había adoptado (en coordinación con la UDYCO en Canarias) la jueza del Instrucción nº5 de Las Palmas Ana Isabel de Vega, así como el fiscal Luis del Río Montesdeoca.
Luis del Río Montesdeoca, fiscal Anticorrupcción en Canarias
Europa examinará si, también con el acompañamiento de la Audiencia Provincial de Las Palmas, se está vulnerando el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que establece el derecho de cualquier ciudadano “a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad durante el procedimiento”. Dos son las cuestiones que están planteadas conjuntamente por este motivo.
En primer lugar, “que desde 2004 se investigan los hechos habiéndose archivado por decreto de la Fiscalía española especializada en delitos económicos y anticorrupción en dos ocasiones al no apreciar indicio alguno de la existencia del delito de blanqueo de capitales”. En segundo lugar, que “en virtud de una querella criminal de una asociación privada, desde el año 2009, se sigue un proceso judicial sin que existan motivos para pensar en una pronta finalización de la investigación y mucho menos un próximo enjuiciamiento, como señalan en sus últimas resoluciones la juez investigadora y la acusación”.
Representantes del Estado de Guinea Ecuatorial han certificado ante la Eurocámara las actividades comerciales lícitas entre Vladimir Kokorev y el régimen de Malabo.
La libertad de Vladimir, semanas después, sin resolver
Los abogados de la familia entienden que para la Unión Europea no puede pasar desapercibido el hecho de que “durante más de dos años las investigaciones no han avanzado sustancialmente de modo que se haya podido concretar suficientemente la imputación por blanqueo de capitales, único delito que se les imputa [a un empresario ya jubilado y enfermo, sin antecedentes penales] y que en la legislación penal española está penado con una pena máxima de seis años”. El texto remitido a Europa plantea la posibilidad de que en la instrucción del caso se puedan terminar buscando “finalidades ejemplarizantes u otro tipo de razones extrapenales”.
Han pasado semanas desde que se presentó la fianza de 600.000 euros que la Audiencia Provincial de Las Palmas (contra el criterio de la magistrada De Vega y el fiscal Del Río Montesdeoca) estableció para la libertad de Vladimir Kokorev como de su joven hijo Igor. La jueza sigue sin resolver.
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